Con el doble motivo de festejar el rechazo de todos los sectores políticos en la Legislatura al proyecto minero San Jorge y pedir por la plena vigencia de la ley de minería, asambleístas volvieron a autoconvocarse, aunque en un número notablemente menor a las manifestaciones anteriores, en el nudo vial de Costanera y Vicente Zapata y marcharon por las calles del centro.
Si bien estamos celebrando un triunfo, entendemos que los empresarios mineros y algunos funcionarios tienen la intención de acelerar el pedido de inconstitucionalidad que tiene la ley 7.722 de minería desde su sanción en 2007, aseguró Paula Ferreira, representante de la Asamblea Popular por el Agua.
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Según los ambientalistas, la ley 7.722 protege a la provincia de la instalación de proyectos mineros, ya que exige la ratificación de la legislativa de los emprendimientos, instancia en la que fue rechazado el emprendimiento San Jorge.
Desde la empresa piensan que, como El ejecutivo ya aprobó el proyecto, con la derogación de esta ley automáticamente se legalizaría la instalación de su empresa minera y contaminante en Uspallata, expresó la asambleísta.
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San Jorge está diciendo que la inconstitucionalidad podría lograrse hacia mediados del 2012, por eso queremos dejar bien en claro a todos los candidatos antes de las elecciones que el pueblo que ya se movilizó una vez y volverá a hacerlo si se pone en juego el futuro de la provincia, finalizó la militante.
Por esta situación, la congregación se dirigió a Tribunales, donde se entregó un petitorio a miembros de la Suprema Corte para que garanticen la estabilidad de la ley vigente, y luego marchó hacia la Legislatura para pedir a diputados y senadores que se ponga fin a la adhesión a las leyes nacionales de minería sancionadas durante la década del 90.