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Estuvo 4 años preso por abuso y era inocente

Por el hecho los jueces fueron sancionados y la víctima analiza demandar al Estado por el daño causado.

Por Sección Policiales

Los cuatro jueces y los dos fiscales sancionados el último martes por la Corte de Justicia, por juzgar ‘indebidamente’ en San Juan los supuestos abusos sexuales cometidos en San Luis por un técnico electricista que pasó 3 años y 4 meses preso, podrían enfrentar una demanda por daños y perjuicios de ese sospechoso liberado el último martes. Y hasta ‘podrían pagar en caso de eventual condena’, dijeron fuentes ligadas a la Fiscalía de Estado. 

Para sostener esa teoría se basaron en el artículo 43 de la Constitución provincial, que establece: ’el que en ejercicio de funciones públicas viole por acción u omisión los derechos, libertades o garantías declaradas en esta Constitución o lesione los intereses confiados al Estado, es personalmente responsable de las consecuencias dañosas de su conducta con arreglo a las normas del derecho común en cuanto fueren aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado’. 

El técnico electricista del polémico caso es Carlos Alberto Brizuela (45) y fue liberado el último martes por la Corte, mediante un fallo en el que anuló casi todo lo actuado y aplicó una sanción (inédita por la cantidad) a cuatro jueces y dos fiscales. 

Ayer, Brizuela reiteró su ‘inocencia’, dijo que le habían causado ‘un daño muy grande’ a él y a su familia, y que con un abogado de San Luis y otro de Mendoza analizarán una eventual demanda contra el Estado para intentar un resarcimiento económico por el perjuicio causado. 

La hipótesis de una demanda a los funcionarios, será de todos modos un asunto mucho más complejo a dilucidar. Fuentes judiciales aseguraron que primero habría que analizar hasta qué punto existió daño y perjuicio, pues el fallo de la Corte habló de una errónea aplicación de la competencia y no dijo que no existió delito: puso en duda esa situación, dejó en pie la denuncia y todo lo actuado contra Brizuela hasta la indagatoria (anulada) y mandará lo que se hizo bien a San Luis. 

En caso de que prospere esa posible demanda, jueces y fiscales podrán ser considerados ‘responsables solidarios’, junto con el Estado, generalmente condenado a pagar, precisaron. 

Otras fuentes estimaron que en ese complicado cuadro hipotético, habría que incluir también la posibilidad de ver que un eventual fallo condenatorio contra funcionarios, sería como establecer un antecedente que no favorecía a muchos funcionarios expuestos a errores en su actuación.

Fuente: Diario de Cuyo

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