En una sorpresiva y poco feliz coincidencia, la medida judicial se dio a conocer justo el día en el que se cumplieron 14 años del choque en el que fallecieron Celia González Carman, de 38 años, y su hija Vanina Rosales, de tres años. Fue el 30 de agosto de 1999 en Núñez, cuando el Honda Civic manejado por Cabello, que entonces tenía 19 años y hoy tiene 33, embistió el Renault 6 en el que circulaban las víctimas. El vehículo se incendió rápidamente por el impacto y las mujeres fallecieron por las llamas.
En noviembre de 2003, la justicia penó al joven a 12 años de prisión, acusado por homicidio simple con dolo eventual. La figura legal implica que el victimario tuvo que evaluar el riesgo mortal que suponía el manejar a alta velocidad por una avenida de la Ciudad. Pero en 2005 la Cámara de Casación redujo la sanción a tres años, al considerar que había sido un homicidio culposo (sin intención), encuadre que ulteriormente fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Tras el fallo del máximo tribunal, Cabello recuperó la libertad desde septiembre de 2005.
En otro orden, a Cabello le había sido denegado el derecho a conducir por diez años. El juez de ejecución de sentencia había analizado que el plazo debía calcularse desde que la condena quedó firme, el 14 noviembre de 2006, por lo que vencía en 2016.
Según el diario La Nación, la defensa apeló la decisión judicial, y el viernes pasado Casación Penal lo modificó al afirmar que la condena debía considerarse desde que se dictó la prisión preventiva, en 1999. Esta última sentencia cuenta con la firma de los jueces Liliana Catucci, Mariano Hernán Borinsky y Eduardo Riggi.
Ahora, la querella tiene diez días para estudiar el escrito e interponer un recurso extraordinario a la Corte para que revise la medida. Cabe recordar que hay un antecedente que deja en peores condiciones a Cabello. En 2010, cuando aún pesaba la prohibición, la intentó evadir al obtener un registro de conducir en el municipio de Malvinas Argentinas. Ello fue posible gracias a una formalidad leguleya. Al tomar repercusión pública el hecho, el gobierno de la Provincia anuló la licencia y el joven debió enviarla desde Brasil, donde se encontraba entonces.
Fuente: Infobae
