El 10% de la población carcelaria mendocina permanece aislada en sus celdas

Si bien esta condición puede ser pedida por el interno, para preservar, por ejemplo, su integridad física, o por un pedido judicial, ya que son considerados conflictivos o peligrosos para el resto de la población, la cifra no deja de ser alarmante. Frente a esto, desde el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia firmaron esta mañana un acuerdo interinstitucional por medio del cual se aplicará un protocolo para el resguardo de estas personas.

Durante la firma estuvieron presentes la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, y el ministro de la Suprema Corte, Omar Palermo.

“Firmamos un acuerdo interinstitucional entre el Gobierno y la dirección de Derechos Humanos de Acceso de la Justicia de la Suprema Corte por medio del cual asumimos el compromiso para diseñar políticas públicas que buscan mejorar la situación de las personas privadas de la libertad para garantizar sus derechos humanos”, explicó Romina Ronda.

Para esto y a fin de implementar este protocolo, se conformó una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y el Judicial. El objetivo será que cambie la figura del preso aislado a la del preso resguardado.

“Este acuerdo permite otorgar la garantía del control jurisdiccional y el control permanente de ese aislamiento, para que pase a ser una medida de resguardo y no una sanción que profundice la resocialización”, sostuvo Palermo.

Esto significa, que los internos si bien estarán resguardados del resto de la población, podrán continuar con sus actividades y se respetarán sus derechos.