Un proyecto de ley impulsado por el diputado Alejandro Viadana y respaldado por la Secretaría de Derechos Humanos, busca establecer el pago de un beneficio económico para todos los presos políticos mendocinos durante la última dictadura militar que le costará al Estado más de $9 millones.
El mismo establece que todas las personas que hayan sido privadas de la libertad por autoridades militares, sin importar el tiempo de detención, durante el período comprendido entre 1975 y 1983 podrán acceder al beneficio.
La única condición que se establece es que haya estado domiciliado en la provincia y se compruebe su detención clandestina. De acuerdo a los censos realizados, en Mendoza habrían más de 400 ex presos políticos.
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Por iniciativa de la asociación ex presos políticos, en base a un reclamo y a una necesidad presentamos el proyecto para que exista una reparación histórica que no tiene vencimientos, explicó el diputado por el Frente para la Victoria.
El proyecto, tiene como antecedente a la provincia de Buenos Aires y Santa Fe y el monto tiene como base la clase 10 del escalafón del empleado público. Según explicó el diputado, esto representa algo más de $9 millones del presupuesto estatal.
Por su parte, Raúl Tagarelli, de la asociación de ex presos políticos, indicó que cuando salimos en libertad en los 80 nos encontramos con una sociedad diferente, dominada por la teoría de los dos demonios, y a nosotros no nos daban trabajo. Fue muy difícil reintegrarnos a esa sociedad, fuimos los nuevos condenados de esa democracia.
En tanto, María José Ubaldini directora de Derechos Humanos señaló que esta pensión es una deuda como Estado provincial. Hemos demostrado políticas reparatorias en otros sentidos y el resarcimiento económico lo teníamos pendiente.
Mirá las declaraciones de un ex detenido:
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