Más allá del castigo y las responsabilidades, uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy el sistema judicial argentino es hacer posible el regreso del adolescente a la sociedad.
La puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina comenzó a incluir, a principios de septiembre, a los adolescentes de 14 años para ser juzgados en caso de ser considerados responsables de cometer delitos graves. A partir de este hecho, las críticas y las posturas a favor comenzaron a centrarse en la nueva edad de imputabilidad, entre ellas, la decisión de suspender su aplicación en la provincia de Buenos Aires.
Más allá de pensar únicamente en el castigo y el grado de responsabilidad de los menores, Argentina enfrenta el desafío de determinar cuál será la respuesta de la Justicia, no solo a nivel estructural, sino también en cuanto a la capacidad de las instituciones judiciales para facilitar la reinserción social.
Los desafíos de la reciente reforma penal, que se activó el pasado 5 de septiembre, habilitan varios puntos de vista para abordar el tema. Uno de ellos es la psicología, que incluso fue uno de los principales argumentos planteados por la jueza bonaerense Marta Pascal para suspender la norma, al señalar la necesidad de “devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente ”.
Para analizar esta situación, el psicólogo Walter Motilla (Mat. 1645) dialogó con Sitio Andino y resumió el problema central de la reforma penal juvenil: " No se trata solamente de qué hacemos con un chico que cometió un delito, sino de qué chico vamos a devolver después a la sociedad".
Los nuevos acusados por la Justicia serán los menores a partir de los 14 años, lo que implica pensar el abordaje desde la adolescencia, una etapa que se encuentra en plena construcción, y cómo esta situación choca de lleno al momento de enfrentar la ley penal: "Si en ese momento el sistema lo define fundamentalmente a partir de su delito, existe el riesgo de que termine apropiándose de esa identidad: 'soy esto que dicen que soy'".
Es ahí donde se presenta una de las paradojas más graves, según Motilla. Al ingresar a un adolescente al sistema para corregir una conducta, se puede terminar consolidando una identidad delictiva: "La intervención tiene que poner un límite claro al acto cometido, pero sin convertir ese acto en la definición completa de la persona. Un chico puede haber cometido un delito grave y seguir siendo un psiquismo en desarrollo".
Por lo tanto, lo que hoy se trata de pensar es cómo procurar que el niño salga del sistema penal en mejores condiciones que cuando ingresó. Para el experto, el objetivo es evitar que termine con mayores niveles de resentimiento, violencia y desocialización, y con menos recursos para construir un proyecto de vida.
Una vez que un menor es considerado responsable de un delito, la Justicia debe intervenir y determinar una respuesta acorde. Sin embargo, allí surge una trampa: tratar a un niño de 14 años como un adulto en miniatura en materia judicial plantea diversos cuestionamientos.
Según Motilla, la base de ese debate parte de ciertas equivocaciones: "Esto no significa sostener que un adolescente no distingue el bien del mal o que no deba responsabilizarse por sus actos. Ese sería el otro extremo", afirma.
Aunque se trata de un chico de 14 o 15 años capaz de comprender que robar, agredir o matar está mal, para el psicólogo mendocino existe un límite en el sistema judicial: "Comprender una norma no equivale a disponer de los mismos recursos psicológicos que un adulto para regular impulsos, anticipar consecuencias, resistir la presión del grupo, evaluar riesgos o frenar una conducta en una situación de alta activación emocional".
"Hay algo que me parece fundamental diferenciar: responsabilidad no es sinónimo de responsabilidad adulta", agrega Motilla.
Con algunas capacidades presentes y otras todavía por consolidar, la adolescencia es una etapa de transición que debe ser tratada como tal. "Por eso la respuesta judicial debería ser proporcional no solamente a la gravedad del hecho, sino también al momento evolutivo de quien lo cometió", dice el experto.
Por lo tanto, la conclusión es evitar caer en dos tipos de simplificaciones. Por un lado, pensar que porque es menor no comprende nada y, por otro, señalar que, por ser capaz de cometer un delito grave, posee la madurez de un adulto. Según Motilla, ninguna de las dos afirmaciones es psicológicamente correcta.
Otro de los ejes importantes del tema se centra en el tratamiento adecuado del menor, no solo para afrontar un eventual encierro temprano, sino también para determinar cómo regresará a la sociedad. En ese sentido, para Motilla todo debería comenzar con una evaluación psicológica seria e individual, a fin de conocer el contexto en el que se encuentra el adolescente, como el consumo de sustancias, las ausencias familiares o el fracaso escolar, entre otros factores.
Más allá de los abordajes, el experto remarca la importancia de darle la posibilidad de construir un proyecto de vida viable: "No alcanza con decirle a un chico lo que no debe hacer. Hay que ayudarlo a encontrar algo que sí pueda hacer con su vida", afirmó.
Permanecer privado de la libertad a corta edad genera problemas en distintos aspectos, más allá del castigo y el aislamiento. Así aparecen la ruptura de vínculos, la interrupción educativa y el aumento de la hostilidad, aunque, sobre todo, se pierde la socialización "dentro de una cultura institucional donde el delito puede terminar otorgando identidad, pertenencia y hasta prestigio", según Motilla.
Si bien hay situaciones en las que la restricción de la libertad puede resultar necesaria para proteger al propio adolescente o a terceros, ello trae aparejados distintos problemas: "Aun en esos casos el encierro debería ser un medio dentro de una estrategia terapéutica, educativa y social mucho más amplia. Nunca debería constituir por sí mismo el tratamiento", agrega.
Tras conocerse la nueva reforma en el sistema judicial argentino, aún en proceso de adaptación, para el psicólogo el desafío consiste en distinguir entre aquello que podría reducir los delitos cometidos por menores de edad y las atribuciones que la sociedad le da a la sanción: "Una ley puede modificar la edad a partir de la cual interviene el sistema penal. Lo que no puede hacer por decreto es reparar una historia de abandono, tratar una adicción, recuperar años de fracaso escolar, reconstruir vínculos familiares o generar oportunidades donde nunca las hubo", remarca.
En ese sentido, aunque el castigo pueda tener ciertas consecuencias, ello no implica necesariamente una transformación actitudinal.
Otro aspecto no menos importante es pensar en las víctimas y en cómo deberían recibir la respuesta de la Justicia, tanto para reparar los daños como para protegerlas de futuros delitos: "Pero creo que sería un error enfrentar los derechos de las víctimas con la posibilidad de rehabilitación del adolescente. Una buena política criminal debería intentar ambas cosas", afirma Motilla.
La propuesta debería apuntar a evitar que el adolescente vuelva a delinquir, por lo que la respuesta debería ser suficiente y estar bien abordada. Así, para el experto, "la verdadera medida del éxito no es cuánto sufrió como consecuencia del delito cometido, sino cuánto disminuyó la posibilidad de que vuelva a cometerlo".
En línea con lo anterior, la palabra final nunca la tiene un juez, psicólogo, psiquiatra, trabajador social o docente por separado, sino que debe surgir de un trabajo interdisciplinario frente al delito juvenil: "Cuando uno empieza a reconstruir la historia aparecen la familia, la escuela, el barrio, los consumos, la salud mental, los vínculos, las oportunidades que existieron y las que nunca existieron. Pretender intervenir solamente sobre el delito es llegar al último capítulo de una historia y creer que allí comenzó todo", expresa Motilla.
Más que acumular o realizar informes para llenar un expediente, el objetivo debe ser desarrollar una estrategia común, establecer objetivos concretos y realizar un seguimiento entre las diversas áreas intervinientes. Todo apunta a una misma pregunta, según el psicólogo: "¿cómo queremos que esté este chico cuando vuelva a la sociedad?".
Así, para Motilla, surge el verdadero desafío del tema: la responsabilidad penal parece establecer un límite frente al acto cometido. "Pero si pretendemos además reducir la reincidencia, necesitamos algo más difícil y bastante más importante: generar condiciones para que ese adolescente pueda imaginar una vida en la que delinquir deje de ser una alternativa posible", finaliza el experto.
