Declaró

El mensaje de Guillermo Moreno, a la salida de los Tribunales: "Voten bien en octubre"

El secretario de Comercio Interior declaró hoy ante la Justicia por las multas a las consultoras privadas que medían la inflación.

Por Sección Política

El  secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, negó haber cometido delitos al multar a consultoras, justificó la aplicación de sanciones a las mismas porque "perjudican" al país con la difusión de los índices que no se condicen con los del INDEC. Dijo que  "hubo confabulaciones para manejar los índices y con ello las tasas de interés".

Moreno fue indagado este miércoles en la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío en la que se investiga un supuesto abuso de autoridad en la aplicación de las multas que fijó a las consultoras que realizaban sus propios índices de precios.

Ante los periodistas, Moreno aseguró que el juez no le hizo preguntas en particular, y que el fiscal del caso, Ramiro González le formuló dos preguntas formales, que fueron respondidas.

Fuentes judiciales informaron que Moreno argumentó que ya fue investigado por el mismo motivo, tras una denuncia de diputados de la oposición y que ese expediente, fue archivado por el juez Julián Ercolini, porque "no se aprecia una actividad delictiva en los términos denunciados", es decir por inexistencia de delito.

También aclaró que las consultoras fueron denunciadas, que hay una investigación en curso en el fuero en lo Penal Económico y que fue impulsada por los fiscales que intervienen. El abogado del funcionario entregó en el juzgado de Bonadío copia de esos expedientes, según informaron fuentes judiciales.

El funcionario le explicó a Bonadío que la medida tomada en su momento tenía similitud con un acuerdo realizado en Inglaterra para manejar la tasa Libor, que es la empleada como referencia en mercados internacionales.

El secretario de Comercio Interior llegó en un auto negro minutos antes de las 12.30 y  se mostró amable con los periodistas que esperaban una declaración. Si bien no quiso hablar con la prensa, bajó la ventanilla para que fotógrafos y camarógrafos pudieran tomar imágenes para sus medios.
Se retiró cerca de las 14.20, luego de prestar su declaración ante el magistrado.

Moreno argumentó en su declaración que ya fue investigado por el mismo motivo, tras una denuncia de diputados de la oposición y que ese expediente, fue archivado por el juez Julián Ercolini, porque "no se aprecia una actividad delictiva en los términos denunciados", es decir por inexistencia de delito.

El abogado de Moreno, Alejandro Rúa, adjuntó  a la causa copia del archivo de un expediente anterior que, según el letrado, fue iniciado  también por abuso de autoridad por legisladores opositores como Patricia Bullrich, Ricardo Gil Lavedra, Eduardo Amadeo y Gustavo Ferrari, entre otros.

En ese expediente actuó el fiscal Guillermo Marijuán y luego el juez Ercolini decidió archivarla porque el funcionario aplicó el artículo 21 de la Ley de Lealtad Comercial, abriendo expedientes y produciendo las intimaciones previstas por la norma. "Las acciones del funcionario se enmarcan en un conflicto de neto carácter administrativo y que resulta ajeno al Derecho penal", señaló Ercolini en esa resolución.

Además, Moreno sostiene que las multas fueron aplicadas de acuerdo con la ley de Lealtad Comercial y que incluso tres consultoras, las de Melconian, Bevaqua y Ferreres están siendo investigadas  por la Justicia en lo Penal Económico con acciones impulsadas por los fiscales dando curso a las actuaciones.

En el caso se da la paradoja de que Moreno es investigado, pero a su vez fue aceptado para impulsar causas contra las consultoras en el fuero en lo Penal Económico.

El funcionario está acusado de "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", se le imputan los delitos del  artículo 248 del Código Penal de la Nación que  están castigados con "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo".

Esta causa penal se inició por una denuncia del economista Jorge Todesca, ex viceministro de Economía del gobierno de Eduardo Duhalde y titular de la consultora Finsoport, una de las multadas con medio millón de pesos por Moreno luego de que divulgaran una inflación mayor a la oficial.

El juez consideró que la Secretaría de Comercio no tendría facultades para multar a las consultoras privadas que medían una suba de precios distinta a la del INDEC, intervenido por Moreno desde 2007, por lo que fue citado a defenderse.

En mayo pasado, la Cámara en Contencioso Administrativo dejó sin efecto las multas de la Secretaría al considerar que la conducta imputada a las consultoras "no se encontraba tipificada en el artículo 9° de la ley 22.082 de Lealtad Comercial".

Esa resolución de la Cámara en la que se deja sin efecto las multas se incorporó al expediente de Bonadío. Las consultoras involucradas en el fallo de la Cámara son Ecolatina, FIEL, EconViewsEconomía & Finanzas, Eco Go (Estudio Bein & Asociados), Finsoport, Gabriel Rubinstein & Asociados y Buenos Aires City, de la ex directora de Precios del INDEC Graciela Bevacqua, quien se desempeñó en el organismo estatal hasta la intervención  de Moreno.

La Cámara en su momento consideró que la divulgación de las estimaciones de inflación no sólo no constituye "publicidad comercial" o "propaganda", sino contenidos de información pública y técnica, que, como tales, "no revisten idoneidad suficiente para inducir a error, engaño o confusión a un destinatario respecto de los precios y condiciones de determinados bienes de consumo". Además, estableció que el hecho de que las consultoras usen fuentes externas para elaborar su información "no implica que sus estimaciones sean susceptibles de inducir a error".

Otros dos imputados en la causa que lleva adelante Bonadío, Fernando Carro y Adalberto Rotella, directores de Lealtad Comercial de la Secretaría, negaron el lunes ante el juez haber cometido abuso y consideraron que cumplieron con sus obligaciones.

Fuente: Minuto Uno.

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