El escándalo no tiene fin. Cuando parecía que todo empezaba a aclararse con la imputación de los sospechosos y el inicio de la investigación penal, apareció otra arista en las estafas que se cometían en el Departamento de Matriculación y Certificación del Ministerio de Salud.
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Estafas en Salud: piden la intervención de la Justicia Federal por el hallazgo de DNI en las oficinas
Es que durante la auditoría que llevan adelante las autoridades de esta cartera, se hallaron dentro de un cajón de 5 a 10 documentos de identidad. Los dueños de estos fueron identificados y todos son personas que anteriormente han solicitado su matrícula en este departamento.
A simple vista y tal como explicó el Asesor de Gabinete del Ministerio de Salud, EmiIio Vázquez Viera, ninguno de ellos presentaría algún tipo de alteración.
Creemos que no hay ningún problema. Pero no sabemos qué hacen esos documentos ahí. Quizá se pedían pasar sacar fotocopia y después los devolvían, pero no lo sabemos, explicó Vázquez Viera.
Ante esto, los responsables de llevar adelante la auditoría colocaron los DNI en un sobre. Este llevará la firma de Andrés Almada, abogado a cargo de la auditoría y del ministro Carlos Díaz Russo. En tanto que sería presentado mañana por la mañana en la Justicia Federal.
La Justicia provincial no tiene competencia en estas investigaciones, por lo que por orden del ministro, remitiremos todo a la Justicia Federal, agregó Vázquez Viera.
Así las cosas, mientras la fiscal especial Claudia Ríos inicia la investigación por asociación ilícita, falsificación de instrumento privado y fraude a la administración pública, hecho por el cual ya hay cuatro imputados, la Justicia Federal deberá determinar si no se cometieron más delitos.
El escándalo en el Departamento de Matriculación y Certificación explotó la semana pasada cuando el Ministerio de Salud denunció que cuatro empleados de esa sección cobraban más de lo correspondiente para realizar la matriculación de los empleados de la Salud.
Una auditoría realizada por la misma cartera, reveló que las irregularidades eran más graves aún. Había recibos apócrifos y se utilizaban sellos que no correspondían a esa sección. Ante esto, el caso comenzó a ser investigado por la fiscal especial Claudia Ríos, quien imputó a cuatro empleados, entre ellos, el Jefe de la oficina.