Productores del Valle de Uco visitaron la Legislatura provincial para mostrar su descontento por la actual ley de contratación de empleo temporario y amenazaron con paralizar la producción si su situación no cambia radicalmente en las próximas semanas.
Es que según destacan desde la asociación de productores, la legislación actual provoca que los empleados prefieran estar en negro para no perder beneficios sociales, situación que lleva a los empresarios a recibir fuertes multas por parte de la subsecretaría de Trabajo.
Mario Leiva, representante de los productores del Valle de Uco. |
Además, los productores dicen que para levantar la cosecha de determinado producto, al contratar por un período determinado a obreros que luego abandonan el trabajo sin previo aviso, se ven obligados a contratar a otros y tenerlos en negro durante el período que dura el trámite de registro.
No podemos tener un contador por cada trabajador. Hoy cambian esta situación o vamos a parar, porque encima de que la rentabilidad ya está baja esto nos complica mucho más, sentenció Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco.
Nosotros no somos gendarmería ni la policía para controlar a los empleados, pero con la situación como está los únicos perjudicados somos nosotros, que constantemente recibimos multas de $5.000 por trabajo en negro, indicó Leiva.
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Por esto desde la Sociedad Rural fueron a la Casa de las Leyes y pidieron modificar la norma nacional 26063 o generar una local que permita agilizar la contratación de empleados en blanco y finalizar con la conocida industria del juicio.
Por su parte, desde el Gobierno participó de la reunión el subsecretario de Trabajo Ariel Pringles, quien recibió las quejas de los productores, pero les explicó que los constantes controles en las fincas tiene que ver con la política estatal de combatir el trabajo infantil.
Sin embargo, Pringles admitió que la norma nacional presenta falencias en relación al trabajo temporario, sobre todo cuando este tiene que ver con la cosecha en zonas agrarias.
De esta manera, la solución consensuada a la que llegaron las partes de forma provisoria hasta que se logre modificar la ley nacional es que el Gobierno, a mediano plazo, generará unas libretas laborales que los empleados tendrán en su poder y deberán presentar ante el empleador a la hora de incorporarse a un empleo, para luego ser visadas en la subsecretaría de Trabajo.