El Ejecutivo Provincial objetará el fallo de la Suprema Corte que lo obliga a coparticipar el valor llave de los contratos petroleros ante el propio tribunal local.
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Pérez cuestionará ante la Corte provincial el fallo que obliga a coparticipar el valor llave a los municipios
El Ejecutivo confirmó que el planteo no será llevado ante el máximo tribunal nacional, como se suponía hasta ahora.
Desde la Gobernación confirmaron que no se cuestionará la decisión ante la Corte nacional, posibilidad que había sido barajada por la administración de Francisco Pérez.
El fallo, del 26 de diciembre pasado, hace lugar a un reclamo de la Municipalidad de Capital que comanda Víctor Fayad, en el que se pedía la distribución entre todos los departamentos de 700 millones de pesos recibidos como parte de un pago inicial tras la renegociación de los contratos hidrocarburíferos en 2010.
Ese año, la provincia (con Celso Jaque como Gobernador y Paco Pérez como ministro de Infraestructura) le renovó concesiones petroleras a las empresas YPF, El Trébol y Chañares Herrados hasta 2025.
Entre las nuevas condiciones impuestas por el Ejecutivo por decreto figuraban aportes por producción extraordinaria y, como cambio más importante, la cancelación de un pago inicial conocido en la jerga empresaria como valor llave, que implicó aportes hasta hoy por 700 millones de pesos.
Capital cuestionó la decisión considerando que se trata de dinero que se debió coparticipar. El Gobierno determinó en los decretos 1547 y 3089 del 2010 que sólo se distribuiría el canon por producción extraordinaria pero que el valor llave iría a parar a las arcas provinciales.
Ahora, el Ejecutivo argumentará ante la Corte, a través de la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado, que esos decretos fueron ratificados por la Legislatura por la ley 8393, que a su vez dio el visto bueno al decreto 2054/11 que ampliaba el presupuesto de ese año basándose en la renegociación.
De este modo, según el Ejecutivo, se invalidaría el planteo de Capital de que para que ese dinero no se coparticipara era necesaria una ley, y no un decreto firmado por el gobernador.
El planteo se presentará en la Corte provincial, ni bien la Justicia local retome las actividades tras el receso veraniego.