juicio político

Jury a las juezas de Familia: encontraron más pruebas contra Lizán

La situación de una de las magistradas es la más complicada, ya que aparecieron más elementos que la involucran en supuestas adopciones ilegales. El juicio político continuará en 10 días.

Por Sección Judiciales

Este mediodía el Tribunal de Enjuiciamiento encontró más pruebas que comprometen a una de las tres juezas de Familia del Valle de Uco sospechosa de mal desempeño de sus funciones por supuestas adopciones ilegales.

Se trata de María Lizán, quien a partir de este momento contará con 10 días hábiles para presentar su defensa contra las acusaciones que esta mañana analizó el jury de enjuiciamiento.

A raíz de esto, los miembros del jury le darán un plazo de 10 días hábiles a la magistrada para que presente su defensa.

En tanto, contra las otras dos juezas acusadas –Susana Barrigón y Adriana Rodríguez- no aparecieron  nuevos elementos que las comprometan aún más. De todas maneras, los próximos días se definirá su situación.

María Lizán, Susana Barrigón y Adriana Rodríguez están acusadas por mal desempeño en sus funciones por supuestas adopciones ilegales.

Las magistradas de Tupungato, Tunuyán y San Carlos fueron suspendidas y perciben el 50% de sus haberes hasta que finalice el juicio político

Las tres juezas están siendo investigadas por haber otorgado en adopción a al menos dos bebés sin cumplir con la normativa correspondiente.

En base a esto, están sospechadas de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, adulteración de documentos públicos, prevaricato y supresión de identidad a menores de 10 años. Según consta, los bebés habrían sido entregados a matrimonios domiciliados en Buenos Aires, quienes, en principio, habrían falsificado su domicilio en Tunuyán.

Las tres juezas, en caso de avanzar el juicio político, pueden ser destituidas de sus funciones.

Renunció el juez del Este

Por su parte, el juez de Garantías de San Martín, Dalton Martínez, renunció mediante fax, y será ahora el Gobernador quien decide si acepta.

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