La Comisión de la Verdad de Brasil, que investiga las violaciones de los Derechos Humanos durante la última dictadura (1964-1985), incluirá en su trabajo el alcance que tuvo el llamado Plan Cóndor, que involucró a los otros países del Cono Sur, y además abrirá una línea de investigación inédita: seguir el rastro de los empresarios que financiaron a los centros de represión y tortura y que se beneficiaron con el apoyo económico al régimen militar.
El nuevo alcance de la comisión creada por la presidenta Dilma Rousseff fue especificado en un decreto publicado ayer en el Diario (boletín) Oficial, mediante el cual se determina que deben ser aclarados los grados de colaboración de las dictaduras que imperaban en los años '70 en la Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia con los represores que al mismo tiempo gobernaban Brasil.
Según lo publicado, es necesario "esclarecer los hechos, las circunstancias y los autores de graves violaciones, torturas, desapariciones forzosas y ocultación de cadáveres", que resultaron del Plan Cóndor.
La Comisión de la Verdad, formada por siete miembros escogidos personalmente por Rousseff, creó con ese objeto un subgrupo que comenzará sus trabajos esta misma semana, indica la publicación oficial. Ese subgrupo deberá establecer contactos con organizaciones de Derechos Humanos de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia y recabar información sobre las investigaciones oficiales realizadas en esos países, a fin de obtener e intercambiar datos sobre las persecuciones de militantes de grupos de izquierda en la región.
Uno de los casos que intentará esclarecer la Comisión de la Verdad en el marco de la investigación sobre el Plan Cóndor se refiere a la muerte del ex presidente brasileño João Goulart, cuyo derrocamiento en 1964 dio lugar a un período de 21 años de gobiernos militares.
Goulart, conocido como Jango y considerado un líder progresista simpatizante de la izquierda en los años '60 en plena Guerra Fría, murió en diciembre de 1976 en la localidad argentina de Mercedes (Corrientes), donde se encontraba exiliado. Su muerte fue atribuida oficialmente a un "ataque cardíaco", pero su familia siempre sostuvo que fue víctima de un asesinato. Esa tesis fue ratificada hace cuatro años por un ex miembro del servicio secreto uruguayo, preso en Brasil por tráfico de armas, quien aseguró que Goulart fue envenenado por agentes de varios países que actuaban en el marco del Plan Cóndor.
Por otra parte, la Comisión de la Verdad también anunció la apertura de una línea de investigación inédita en Brasil para identificar a los empresarios que financiaron a los centros de represión y tortura de la dictadura y que se beneficiaron con el apoyo económico al régimen. "Estamos atrás de los que dieron el dinero a la represión", dijo el ex ministro de Justicia José Carlos Dias, miembro de la Comisión.
Dias se refirió, según el diario conservdador paulista Folha de São Paulo, a la "Operación Bandeirante", el centro del sistema de persecución política y represión ilegal montado por el régimen. El ex ministro reveló que fueron encontrados indicios de que una consultora económica llamada CIA (como la agencia de inteligencia estadounidense y quizás no por casualidad) actuaba como una compañía fantasma para empresarios que colaboraban financieramente con la dictadura, entregando recibos fiscales falsos y desviando el dinero al aparato represivo.
El ex ministro comparó este sistema de recaudación ilegal con el descubierto en 1992 y que derribó del poder al entonces presidente Fernando Collor de Mello, manejado por su tesorero, Paulo César Farías.
Miembros de la Comisión de la Verdad, según Folha, se quejaron al mismo tiempo de los problemas a los que se enfrentan para profundizar la investigación sobre los crímenes aberrantes producidos en Brasil de aquellos años. Aseguran que los militares responden que muchos documentos que han solicitado al Ministerio de Defensa "fueron incinerados". Pero destacaron, sin embargo, la predisposición para colaborar del ministro del área, Celso Amorim.
Fuente: Tiempo Argentino
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