Seguridad en la mira: reaparecieron Grillo, Campos y Migliozzi en una reunión de Bruni

"La UCR debe requerirle al gobierno que encabezan Pérez y Ciurca, ante la gravísima situación que vive la provincia, que convoque a los partidos políticos con representación parlamentaria a un relanzamiento de la POLITICA DE ESTADO, que hace más de una década se acordó en la provincia", afirmaron estos dirigentes. También creen que "en esta convocatoria, que debe ser amplia, deberán participar, además, representantes de los municipios y ONGs para que las definiciones a las que se arriben cuenten con el mayor consenso posible".

Así aparece en el primero de los 10 puntos que incluye un documento que emitieron. Y que sigue textualmente:

2- Realizar un minucioso seguimiento de las políticas del gobierno en seguridad.

3- Hacer hincapié en la prevención. Los brazos del Estado tienen que concurrir oportunamente para evitar la comisión del delito. La inseguridad se debe abordar desde una visión integral. Las respuestas del Estado no deben procurarse solamente desde el sistema de seguridad. La educación y el desarrollo social son herramientas fundamentales en la resolución de la
inseguridad.

4- Repensar las tareas de inteligencia frente a los nuevos paradigmas delictivos.

5- Retomar la conducción política del sistema de seguridad, mucho más amplio que el accionar policial, que se encuentra sin un norte preciso ante el paulatino abandono que ha hecho el gobierno de una genuina conducción.

6- Reconsiderar la política penitenciaria, cumplimentando los extremos previstos en la ley 24660, en particular lo referido a la educación y la formación laboral, a fin de facilitar seriamente la reinserción social de los internos.

7- Completar la puesta en vigencia del nuevo código procesal penal en todo el territorio de la provincia. Resulta de una ineficacia provocativa que a 8 años de su implementación se encuentre en el actual estado.

8- Modificar la Inspección General de Seguridad, que en la actualidad sólo propone sanciones en el marco del control policial, que termina resolviendo el ministro de turno. Esto ha provocado en la práctica una deformación del sentido que tenía este instituto de la reforma, en el espíritu del legislador al momento de sancionar las leyes 6721 y 6722.

9- En este aspecto propiciamos la creación dentro de la Inspección General de 2 salas, una que realice la investigación y otra que detente el poder punitivo en concordancia con el sistema acusatorio del nuevo ordenamiento procesal penal en la provincia.

10- Valoramos el aporte que hacen municipios como Capital, cuyo intendente, Víctor Fayad, se ha involucrado y comprometido con esta temática.

Estos radicales vienen de debatir, en otras oportunidades, acerca del cambio climático, la utilización y cuidado del agua en la provincia, la violencia de género, la necesidad de una reforma que actualice nuestra Constitución provincial y las autonomías municipales.