Debate

Polémica en Ecuador por la "ley mordaza"

La norma que este jueves discutirá el Congreso reduce el espacio de los medios privados y crea un consejo para sancionar a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones.

Por Sección Internacionales

"El jueves 19 votaremos, en la Asamblea Nacional, la Ley de Comunicación, artículo por artículo", expresó el miércoles por Twitter el presidente del unicameral Parlamento, Fernando Cordero, del movimiento Alianza País (AP) del mandatario socialista Rafael Correa. AP, el principal bloque parlamentario con 53 escaños, necesita 63 votos para que se apruebe el texto de 128 artículos que impulsa desde hace cuatro años.

La iniciativa establece que 34% de las frecuencias sean concedidas a medios comunitarios, 33% a públicos y 33% a privados con fines de lucro. El sector privado controla actualmente el 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones.

Sectores de oposición y algunos medios consideran que el proyecto es una amenaza para la libertad de prensa al proponer un consejo de regulación con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones. Esa instancia estará integrada por cinco miembros, de los cuales un delegado del Gobierno, uno de los municipios, uno de los gremios de comunicación, uno de los organismos de control de la función pública y uno de las universidades estatales.

La ONG ecuatoriana Fundamedios estima que el proyecto debería ser archivado porque su intención es el "control y castigo al ejercicio del periodismo", así como "evitar la crítica sobre funcionarios públicos" y la "imposición de una ética desde el Estado". En un comunicado expedido el miércoles, indicó que el proyecto "desde sus inicios contó con críticas nacionales e internacionales por sus aspectos conflictivos que planteaban graves amenazas a la libertad de expresión" y llamó a los asambleístas a no aprobar artículos que pueden "atentar severamente tratados" sobre derechos humanos.

Correa mantiene una tensa relación con ese observatorio, al que acusa de hacer activismo político a favor de los grandes medios y de ser informante de los Estados Unidos.

"Exigimos que la ley sea garantista de derecho y observe lo que determina la Constitución e instrumentos internacionales sobre libertad de expresión", indicó a la agencia AFP el presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, para quien "el fin de la ley es amordazar a la prensa".

"Busca poner la prensa al servicio del poder, establecer un consejo afín al Gobierno que juzgará a los periodistas, judicializar la actividad periodística", agregó Ordóñez, enfatizando que el texto como está concebido "viola los principios de libertad de expresión".

La ley fue ordenada por la Constitución de 2008, pero sucesivas dilaciones impidieron cumplir ese mandato, por lo que Correa, en el poder desde enero de 2007, la volvió a impulsar mediante un referendo aprobado en mayo de 2011.

Fuente: Infobae

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