La entrega de 241 viviendas en San Rafael el pasado viernes, más allá de ser un hecho altamente positivo para el departamento, despertó gran malestar en varias familias que reclamaron discrecionalidad en la adjudicación de las mismas. Principalmente la protesta estuvo dirigida a la forma en que se adjudicaron las unidades del plan emergencia sísmica, hídrica y granizo, que correspondieron a 186 viviendas de los barrios El Sosneado VI y Los Filtros.
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Ese malestar llegó incluso hasta la agresión física y verbal contra el delegado del barrio El Sosneado. Esto sucedió el mismo viernes, después que se retirara la comitiva oficial encabezada por el gobernador, mientras que la discusión siguió en las oficinas del secretario de Gobierno del departamento, Paulo Campi, durante la mañana de este lunes.
Los vecinos argumentaron que "se les entregaron casas a quienes ya tienen vivienda. Muchos de los que recibieron la vivienda ni siquiera están anotados en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)". Pero también afirmaron que fueron los "hermanos Félix, Omar y Emir, los que nos dijeron que nos entregarían una vivienda o un lote y materiales. Que concurriéramos el lunes a la Municipalidad, vinimos y ni siquiera nos recibieron porque el intendente está en Buenos Aires", explicaron los indignados vecinos.
Estuvieron presentes familias de barrios como Pueblo Diamante, Isla del Río Diamante, Constitución, Martín Güemes y del propio Barrio El Sosneado.
Ese malestar lo llevaron posteriormente al Concejo Deliberante. En el recinto de sesiones y a los gritos reclamaron que los escucharan funcionarios municipales. Luego de debatir por varias horas, finalmente una delegación de unos 7 vecinos fue recibida en la oficina del secretario de Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo.
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Los ediles, que admitieron el reclamo pero condenaron enérgicamente las agresiones a los funcionarios municipales, los escucharon y decidieron conformar una comisión investigadora.
"Sabemos que la necesidad de viviendas es muy importante. Y si bien 241 casas entregadas es un buen número, también sabemos que no alcanzan", dijo el edil José de Oto (PJ).
Para los concejales de la oposición la cosa no es tan clara. "Les hemos pedido que denuncien con nombre y apellido a quienes ya tienen casa y recibieron otra, porque esos barrios tienen un fin social. Por eso investigaremos que es lo que pasó", expresó el concejal Alberto Pérez (PD).
Mientras que Gustavo Cañadas, edil radical, dijo "es lo que hemos escuchado, pero no tenemos denuncias concretas. Vamos a investigar porque es lo único que podemos hacer ya que el listado de los adjudicatarios lo realizó el IPV y la Dirección de Viviendas del municipio".