La titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Nidia Martini, concurrió a la Comisión reguladora de la Cámara Alta de la Legislatura a dar explicaciones tras una serie de denuncias de senadores radicales y, tras admitir irregularidades, pasó la pelota a la gestión de gobierno anterior.
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Nidia Martini culpó a la gestión anterior por las irregularidades en los Casinos
La presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos concurrió a la comisión reguladora del Senado y, tras admitir renegociaciones dudosas y leyes que no se cumplen, prometió y propuso cambios en el organismo.
En primer lugar, las dudas de la UCR por las que Martini fue citada tenían que ver con la renegociación del contrato de las maquinas tragamonedas con la empresa Mendoza Central S.A, producto de la cual la firma mejoró sustancialmente su rentabilidad.
No obstante, la respuesta de la funcionaria fue tajante: Esa renegociación se realizó el año pasado cuando nosotros (por ella y su comisión directiva) no estábamos al frente de los Casinos, nosotros llegamos prácticamente sólo a cortar la cinta, indicó, desligándose del tema.
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En otro aspecto, la senadora Milagros Suarez (UCR) había destacado en un pedido de informe que la Corte nacional ya se había expedido sobre la ley que obliga a los hoteles de cinco estrellas a poner un tope al tamaño de los casinos en 4% del total de la obra, por lo que exigía saber que acciones se estaban tomando desde el IPJYC.
No obstante, sobre este tema otra vez Martini utilizó la gambeta y resaltó que el fallo de la corte no es claro y tampoco indica si es el instituto que ella dirige quien tiene que realizar las mediciones del tamaño de las salas de juegos.
Finalmente, el último tema que motivó la preocupación de los radicales es el incumplimiento de la ley sancionada el año pasado que prevé el cobro de entradas a los casinos con el fin de crear un fondo para construir salas de 4 años.
Sobre esto, Martini admitió que la ley no se está cumpliendo ni en las salas privadas ni en las que son manejadas por el Estado. Los privados no lo están cumpliendo ni lo van a cumplir en el corto plazo ya que han realizado una medida judicial, y nosotros como empresa no podemos cobrar entrada si los otros no lo hacen, explicó.
Igualmente, la funcionaria señaló que el casino Estatal es, actualmente, uno de los 3 que por declaración jurada paga mensualmente $4 por cada visitante, fondos que salen de la partida destinada a promociones y publicidad.
Este tema es el que cosechó más críticas de los legisladores opositores, ya que, si bien el casino de Mendoza aporta para las salas, esa medida no cumple con el espíritu de la ley de desalentar la concurrencia a los casinos.