El Congreso convalidó hoy la última reforma del sistema financiero aprobada por decreto. La norma blinda a la banca de la quiebra con dinero público y supondrá más ajuste.
La aprobación de esta reforma es clave para los inversores internacionales, cuya desconfianza en la solvencia del sistema financiero español y la capacidad del país para afrontar sus compromisos de deuda está en niveles máximos, lo que sitúa el riesgo país en torno a los 530 puntos, récord histórico.
El decreto, cuya aprobación estaba garantizada por la mayoría absoluta del gobernante y derechista Partido Popular (PP), recibió 178 votos a favor, 28 en contra, mientras 123 diputados de los 329 presentes se abstuvieron, anunció el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, tras la votación.
El PP logró el apoyo de Coalición Canaria (CC) y de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Los partidos de la Izquierda Plural y los nacionalistas vascos se opusieron, en tanto el Partido Socialista (PSOE), junto a los catalanes de CiU se abstuvieron debido a que se acordó que la reforma sea tramitada como ley para introducir modificaciones.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que su postura se debe a que el ministro de Economía, Luis de Guindos, garantizó que no habrá ni un euro público que se pierda en las ayudas a los bancos y porque la ley contemplará las necesidades de las familias hipotecadas con problemas, las pymes y los afectados por los productos preferentes.
Durante su intervención, De Guindos reconoció el engaño que supuso la colocación de preferentes entre miles de ahorristas, que denuncian ser víctimas de un corralito que asciende a unos 30.000 millones de euros, y aseguró que iba a haber una solución, aunque no anticipó cuál iba a ser.
Las principales críticas desde la Izquierda Plural fueron la ausencia de negociación en la reforma, y la inyección de dinero público en la banca, sin pedir responsabilidades a sus gestores, y a costa de recortes al gasto en servicios sociales como salud y educación.
El caso de Bankia acaparó el debate, ya que cuando el gobierno aprobó el decreto el 11 de mayo estimó que inyectaría en torno a 15.000 millones de euros en el conjunto del sistema financiero equivalente a los recortes de salud y educación- y ahora, tan solo la cuarta entidad del país necesita 19.000 millones de euros adicionales.
Por este motivo, los bloques opositores volvieron a reclamar hoy una comisión de investigación para depurar responsabilidades en torno a Bankia, algo a lo que el PP se niega.
En tanto, la reforma del sistema financiero obliga a la banca española a incrementar las provisiones para cubrir ya no sólo los activos tóxicos inmobiliarios sino los considerados sanos, quedando en el 45% el colchón para afrontar eventuales impagos.
Los bancos tienen un mes para presentar sus planes de saneamiento y cumplir con estos requisitos, y las que no puedan hacerlo podrán recibir ayuda pública a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
De Guindos subrayó que el plan no supondrá un gasto para los contribuyentes, aunque en el actual contexto de crisis y desconfianza España deberá acudir al mercado internacional para financiarse a un costo más alto y el gobierno tampoco no puede garantizar que los bancos reembolsarán todos estos préstamos.
Fuga de capitales
Hoy mismo se supo que la salida neta de capitales del país (sin contar con las operaciones del Banco de España) alcanzó los 97.090 millones de euros en los tres primeros meses del año como consecuencia de la huida de inversiones en cartera, préstamos y depósitos.
En el mismo periodo de 2011 el saldo era positivo y se acumulaba una entrada neta de capital de 20.887 millones, de acuerdo con los datos de la balanza de pagos publicados por el Banco de España.
