Magistrados del sur explicaron en televisión cómo hacen justicia

En ese aspecto, reveló un punto relacionado con la edad de los delincuentes: "La juventud es cuando más se delinque; porque cuando alcanzan cierta adultez, esa reincidencia disminuye". 

Razones del delito 

A su turno, Bittar, expresó que hay muchas causas por las que una persona desarrolla actividades delictivas. 

En latinoamérica en general, la pobreza y la exclusión social que ella provoca, es la razón fundamental, más allá de las variadas herramientas que tenemos para el ascenso social, como la educación pública gratuita que hay en Argentina. Esta exclusión se produce en los primeros años de la infancia y una desnutrición infantil que provoca severos trastornos cognitivos y estos niños desarrollan su salud en tales condiciones con descuidos de la familia que no pueden desarrollar una vida normal.

Hernández, en tanto, se refirió a un tema que lo ha tenido como juez que ha sentenciado casos trascendentes en el sur relacionados con el abuso sexual, explicó primero que ahora se denuncian más y reveló, luego, que "no menos del 80% se produce dentro del entramado familiar; tendría que hacer un esfuerzo de memoria para recordar casos donde no haya vinculación con la red familiar. La posibilidad de que esos casos lleguen a una sentencia es lo que satisface las expectativas de los que denuncian ante la respuesta estatal que hay ahora; hoy eso ha provocado más denuncias". 

Cómo deciden las penas 

Luque, reseñó que en los casos de mucha gravedad, como los homicidios, a la hora de dar en la sentencia una determinada cantidad de años de cárcel, "en cada uno de nosotros juega una historia cultural, familiar, que puede incidir quizá en la aplicación de la pena; pero se toma mucha conciencia, hay que pensarla mucho porque pasado unos años uno reflexiona sobre lo que consideró en su momento; entonces, hay que hacer de alguna manera una proyección de las consecuencias, incluso en la persona y familiares de quienes son condenados". 

Bittar, por su parte, explicó cómo es que los magistrados se inclinan a la hora de dar una condena, por la pena mayor o menor prevista por la ley para cada delito, salvo en las de vocación de perpetuidad. "Antes se pensaba que los jueces tenían un gran margen de discrecionalidad; pero no es tan así: se han pensado varias interpretaciones; algunos han pensado que debería partirse de la mitad de la escala y en base a las circunstancias que atenúan o hacen menos grave el delito, reducir hacia abajo, y las que agravan el delito, incrementarla hacia arriba; otros han dicho de que ya el mínimo, por ejemplo un homicidio que tiene de 8 a 25 años, ese mínimo ya está pensado por el legislador para abarcar cualquier homicidio, y de ahí habrá que pensar qué situaciones agravan la conducta del sujeto, y empezar a subir desde ese mínimo. Lo importante es que es una facultad de los jueces que es controlables por los recursos" de alzada ante tribunales superiores. 

Condenas por accidentes viales fatales 

Yapur Meca, respondió a la repetida pregunta social acerca de por qué quien mata a alguien en un accidente de tránsito, casi nunca va preso. "Son varias las respuestas. La principal es que la pena que el Código Penal ha establecido tradicionalmente, siempre en su mínimo ha permitido la pena de prisión condicional. Después, el juez debe evaluar si amerita el cumplimiento efectivo de una condena, y allí la pauta principal es cuán desaprensivo o violatorio del deber de cuidado, el acusado".

Y siguió: "La extensión del daño que se ocasiona; toda vida humana vale, pero si se termina con una vida en potencia de una víctima joven a un anciano; pero todo eso el juez lo debe evaluar en el monto de la pena y en la forma de cumplimiento". 

La perspectiva de género y herramientas judiciales para delitos de género

A partir de casos en que la Corte tuvo que actuar frente a recursos de casación, y que derivaron en fallos en los que se informaba sobre la necesidad de analizarlos con perspectiva de género, Luque dijo que "tras anularse un fallo, y cuando otro tribunal debe resolver ese caso, estos jueces son independientes y no están condicionados por lo que diga la Corte. Pero lo que hay es una evolución muy interesante sobre esta perspectiva, porque el cambio de mentalidad se da en la sociedad; inclusive nosotros los funcionarios ahora tenemos que hacer cursos sobre la temática". 

Sin embargo, agregó que "una cosa es la protección de la mujer y el análisis con perspectiva de género, pero sin perder de vista que también hay un principio de presunción de inocencia que se tiene que contemplar; debe juzgarse las dos garantías conjuntamente porque creo que van de la mano y la sociedad ha evolucionado en ese sentido". 

Laigle, a su turno, dijo que se trata de "mirar el asunto con una visión de miradas diferentes, sin estereotipos y poniéndonos en el lugar del otro porque necesariamente requiere empatía; nos hace jugar cuando vamos a establecer los hechos, cuando vamos a establecer la pena justa, buscar qué es lo que pasó, buscar y comprender por qué actúan las personas de determinadas formas, desde el otro lugar; o sea, una mirada integral". 

En cuanto a las medidas de protección de víctimas de violencia de género, Murcia expresó que "muchas veces no está demostrado el peligro y un juez, cuando no hay elementos de prueba, tendría que hacer futurología o ser adivino; muchas veces se ordena una detención; otras, una domiciliaria; a veces colocar una pulsera georreferencial", pero también contó que "a veces no hay o no hay cobertura de señal y esa persona, si no hay disponibilidad de ese medio, la persona tiene que ir al penal a modo preventivo". 

Agregó que: "Las medidas de coerción son medidas excepcionales, para casos muy graves; hay que tener en cuenta que hay una restricción a la libertad incluso antes que la persona sea juzgada y condenada", concluyó. 

Celulares en la cárcel

Frente a los casos que se han dado, particularmente en pandemia, donde se llevan adelante delitos a través de celulares, organizados o comandados por personas que están detenidas, al disponer de estos aparatos desde las cárceles; el juez Bittar señaló que "las normas de seguridad interna son materias de legislación y reglamentos carcelarios. Ahora, si es útil que una persona detenida tenga un teléfono es una discusión que sigue abierta. Siempre se pensó que la incomunicación con sus familiares era un costo que había que pagar para que no se cometan delitos desde adentro de la cárcel (usando esos aparatos); otros opinan que si la pena es resocializar a la persona, lo mínimo que podemos permitir es una comunicación familiar; si fuera para ello y hasta en el futuro por qué no para trabajar, por ejemplo, sería una herramienta muy útil para la eficacia de la pena". 

Además explicó que: "En el caso de que se desarrollen conducta delictivas a través de los teléfonos, por ejemplo, instigar a otras personas que están en libertad a cometer determinados delitos, organizarlos o participar, fácilmente se podría determinar la autoría de esta persona y condenarla nuevamente; yo no creo que sea un problema la comunicación telefónica interna, y sí tenemos desarrollos tecnológicos importantes para limitar los números o formas con los que se comunican", propuso el funcionario. 

Juicios por jurado 

Los magistrados también se refirieron a los juicios por jurado que ahora se desarrollan en Mendoza, y ahí Hernández valoró que "lo más importante es que la sociedad se vincule con el Poder Judicial, intervenga, asuma responsabilidades y sea parte de un poder del Estado que no es ni más ni menos que es el que define penas tan severas como la prisión perpetua". 

Yapur, al respecto, dijo que "el ciudadano tiene sentido común, mientras que nosotros los abogados venimos condicionados por conceptos y moldes que nos hacen juzgar un caso. Yo le preguntaría a la gente si está conforme con la Justicia profesional argentina desde hace 200 años, y estoy seguro que a juzgar por las encuestas, somos de los peor imagen. Por esto, es una bocanada de aire fresco", tener juicios por jurado. 

Cabe señalar, que estos 6 jueces desarrollaron una tarea didáctica en los últimos cursos de los colegios secundarios, dando clases magistrales sobre cómo funcionan los juicios por jurado, con una iniciativa particularmente promovida por la jueza Laigle, quien puso en valor que el "entusiasmo de mis colegas, del personal del tribunal y hasta del juez de la Corte José Valerio que nos apoyó; ya fuimos a 23 escuelas con el permiso de la DGE". 

Así, los magistrados dieron una nueva muestra del paulatino acercamiento a la sociedad, desde iniciativas como el recorrido de los colegios, la apertura para que ciertos juicios sean presenciados por alumnos de escuelas secundarias, como el Colegio Maristas, varias veces invitados a debate dirigidos por Yapur, y hasta esta presencia de todos los miembros del Tribunal Penal Colegiado del sur en un set de televisión para responder a un cuestionario abierto. 

Quizá eso explica que a diferencia de lo que suele suceder cuando las noticias de determinados fallos judiciales motivan en las redes sociales el ataque al Poder Judicial en general, en esta ocasión los mensajes negativos se acallaron y encontraron estos 6 jueces una manera de dar a conocer qué normativas, razones y mecanismos guían su trabajo cotidiano de hacer justicia.