Todo indica que la Legislatura de Mendoza se meterá en un debate caliente en los próximos días ya que el oficialismo intentará avanzar con una ley sobre la que la oposición pone resistencia: el uso de las pistolas Taser por parte de la Policía.
Todo indica que la Legislatura de Mendoza se meterá en un debate caliente en los próximos días ya que el oficialismo intentará avanzar con una ley sobre la que la oposición pone resistencia: el uso de las pistolas Taser por parte de la Policía.
Si bien el proyecto fue presentado en 2020, figura en la agenda legislativa de estos días por impulso del propio oficialismo provincial, que quiere dotar de esta herramienta de electrochoque a ciertos cuerpos especiales de la fuerza de seguridad provincial.
A pocos meses del recambio legislativo, el proyecto -polémico por las posturas encontradas incluso dentro de las mismas fuerzas políticas-, la Cámara de Diputados podría avanzar con esta iniciativa, que fue presentada por el diputado Álvaro Martínez (PRO) y electo diputado nacional por Cambia Mendoza. La intención es que se pueda tratar este mismo martes en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Las Taser producen un adormecimiento de los músculos que paraliza al sujeto por un shock eléctrico de unos 5 segundos.
"Es un tema de debate. La Provincia de Mendoza está de acuerdo con la utilización de las pistolas en momentos precisos que estén debidamente reglamentados y bien controladas", explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, marcando la postura del Gobierno provincial. Postura que encuentra sintonía con parte del Justicialismo a nivel nacional, que no tiene una posición definida al respecto.
Recordemos que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, está a favor del uso de esta tecnología, postura que le valió cruces con la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, que va en el mismo sentido que la del actual titular de esa cartera, Aníbal Fernández, quien expresó que "la Argentina no está preparado para eso, ni de casualidad".
El proyecto presentado por Martínez tiene correlato con las políticas impulsadas por la ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, quien defendió que en "situaciones extremas con personas que están fuera de sí, necesitás sistemas paralizantes", opinó cuando el caso del cantante Chano Charpienter, herido gravemente por un efectivo, reavivó el debate.
En concreto, las Taser son armas eléctricas no letales. Y el proyecto del diputado del PRO "consiste no solo en dotar a la Policía estas pistolas, sino que lo más importante es establecer protocolos y capacitarlos en la utilización de este tipo de armas específicas. Es importante entrenar a los policías para que usen este armamento, solo podrían usarlo aquellos que el Ministerio de Seguridad haya capacitado", destacó Martínez.
Según los planes del oficialismo en breve podría salir el despacho de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. El proyecto ya cuenta con estado parlamentario por lo que podría ser tratado en el recinto a pesar de estar en el período de sesiones extraordinaria. El objetivo es tratarlo con la actual composición legislativa, antes del recambio de mayo.
Álvaro Martínez, autor del proyecto.
"Lo que se propone es que los miembros de las fuerzas de seguridad tengan este equipamiento. En principio lo presentamos para que todos los efectivos lo tuviesen, pero desde el Ejecutivo nos pidieron que sea paulatino, empezando por algunos cuerpos especiales", sostuvo Martínez, como los inspectores, ayudantes, subayudantes o auxiliares mayores, siempre que hayan sido especialmente instruidos para el empleo de este armamento.
"Luego del uso de armas electrónicas no letales, se procederá a analizar los archivos de audio y video que deberán registrar las mismas, a los efectos de efectuar el pertinente control administrativo", aclaró.
Si bien esta incorporación puede hacerla el Ministerio de Seguridad por Resolución, el proyecto tiene razón de ser porque el equipamiento policial está regulado por ley, con lo cual "se busca incorporar esta tecnología y que quede fija y que no dependa de un gobierno", explicó el diputado que impulsa esto.
Cabe recordar que la Provincia cuenta con 13 de estas pistolas, que fueron cedidas a la Policía Federal para su capacitación.
Posturas:
Desde el Justicialismo, no expresaron una postura uniforme al respecto. Sin embargo, el diputado Germán Gómez, presidente de bloque del Frente de Todos, mantuvo cautela y expresó que "se dará la discusión cuando sea el momento". "En principio no estamos de acuerdo pero queremos ver con detalles el alcance del proyecto", señaló.
Y en el mismo sentido el diputado Marcelo Aparicio, miembro de LAC por el Frente de Todos, sostuvo que "no hay una postura definida aún". "Hay muchas otras cosas que hacer antes de pensar en esta situación". "Tenemos que pensar en las verdaderas causas de la inseguridad, hay que atender esto desde una complejidad mucho más amplia. El Gobierno no atiende la situación de inseguridad", disparó.
Por su parte, la diputada Maile Rodríguez (FIT), expresó su contundente rechazo al proyecto. "Ellos presentan proyectos como esos y apoyan la baja de la edad de imputabilidad haciendo demagogia de derecha con ideas que en países donde se aplicaron está demostrado que no resuelven nada y solo les sirven para aplicar más mano dura contra los sectores populares, darle más poder a la policía, que en las dos últimas semanas hemos visto cómo lo usa contra nuestros pibes", disparó la diputada.
Además, la legisladora cuestionó que ese dinero que podrían destinar en comprar esos equipos, "no lo usen para comprar dispositivos para que los pibes en las escuelas tengan conectividad. O para que los hospitales tengan mejores condicione". "¿Por qué no presentan proyecto para crear trabajo genuino y con derechos para la juventud en lugar de ofrecer mano dura y precarización laboral? Son discursos muy peligrosos", advirtió Rodríguez.