El fiscal de Estado de la provincia, Fernando Simón, emitió un dictamen en el cual descartó que existiesen fundamentos para dar por fracasada la licitación por Portezuelo del Viento. En el texto, sostuvo que será decisión del Gobernador disponer de la continuidad del proceso y puso algunos condicionamientos "a los fines de que se proteja el patrimonio provincial ante futuros imprevistos".
La Fiscalía, previo a expedirse, solicitó informes y ampliaciones al Departamento General de Irrigación, a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima y a la autoridad de aplicación del proceso licitatorio, el Ministerio de Infraestructura de Planificación e Infraestructura Pública, los que terminaron de ser contestados en los últimos días.
Sostuvo que no puede ignorarse que la construcción de la presa es un proyecto formulado hace décadas ya y contemplado en el Tratado de creación del CORICO en 1976, y que el proceso de concreción tuvo inicio con el convenio transaccional celebrado por el juicio iniciado por Mendoza contra la Nación por los daños provocados a la Provincia por el régimen de promoción industrial que benefició a las provincias vecinas.
Destacó que el proceso no ha estado libre de dificultades, y que ha sido objeto de numerosos estudios (incluyendo el análisis de cuatro Universidades Naciones, consultoras y diversos organismos públicos especializados), así como objeto de largos debates y audiencias públicas.
En su conclusión indicó, en primer lugar, que respecto al proceso licitatorio, la existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación y que tampoco resulta un obstáculo legal que se haya solicitado y obtenido una mejora de la oferta del orden del 22%, la que en definitiva resulta en beneficio de la Provincia.
Sobre la disminución de los caudales del rio Grande en la última década, sostuvo que, resulta un hecho incontrovertible que genera incertidumbre. Pero destacó que la simulación del llenado de presa realizado por EMESA, considerando su cierre desde los años 2010 a 2017 (de gran escasez hídrica), concluyen que el embalse se llenaría en un plazo máximo de 4 años y estaría en situación de empezar a generar energía en no más de 12 meses desde el cierre.
En cuanto a los cuestionamientos a la evaluación económica, se concluye que el valor de una inversión pública no puede limitarse a analizar el recupero y rentabilidad financiera, sino que debe contemplar muchos otros beneficios, tangibles e intangibles, que resultan de gran trascendencia social, y que elevan la rentabilidad al 28%, de acuerdo a los informes existentes.
Respecto a eventuales conflictos interjurisdiccionales y planteos judiciales, opinó que situaciones similares pueden darse respecto a cualquier obra hidroeléctrica que decida realizar la Provincia, por lo que no resultan por sí causa suficiente para no avanzar en su realización.
Sin perjuicio de ello, señaló que no puede descartarse la posibilidad de que una decisión ajena a las autoridades provinciales (sea del Poder Ejecutivo Nacional en el marco del COIRCO o del Poder Judicial), pueda obstaculizar el avance de la ejecución de la presa. Así sostuvo que ello, al igual que la disminución de caudales y el informe de EMESA sobre el tema, deberán ser debidamente merituados por el Gobernador.
En este punto, el organismo de control recomienda que, en el caso que el Gobernador decidiera darle continuidad al proceso licitatorio, a fin de proteger el patrimonio provincial, resulta necesario que se precise el alcance de las renuncias que ha realizado el oferente a realizar reclamos indemnizatorios o de cualquier otro tipo frente a una eventual suspensión, paralización o fracaso de la obra por causa ajena a la voluntad de las autoridades provinciales.
Finalmente destacó que el Poder Ejecutivo siempre tiene entre sus atribuciones analizar la conveniencia de la oferta y decidir avanzar o no con la adjudicación en base a las circunstancias actuales, entendiendo que el proceso licitatorio del "Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento" no resulta ilegal ni manifiestamente irrazonable, no teniendo por tanto la Fiscalía de Estado atribución ni motivación suficiente para recomendar que se declare su fracaso.