La comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Mendoza analiza un proyecto de ley de Mauricio Torres (FR/UP) que busca prohibir en todo el territorio provincial las mutilaciones por estética a animales domésticos o domesticables que viven bajo posesión de personas, excepto las realizadas por veterinarios en caso de necesidad justificada.
"Este tipo de prácticas no son como cortar las uñas o el pelo del animal, que forman parte de la rutina de limpieza y mantenimiento, por el contrario son amputaciones que comprometen cartílagos, vasos sanguíneos y otros tejidos, además de la piel", aseguró el autor de la iniciativa.
Entre las intervenciones que serían consideradas ilegales en el caso que se apruebe la norma se encuentran la cordectomía (cirugía que elimina las cuerdas vocales), la caudectomía (corte de cola), la otectomía (levantamiento de orejas) y la onicectomía (extracción de uñas).
Mauricio Torres, autor del proyecto (Foto: Prensa Diputados Mendoza)
"Legitimarlas implica abalar actos de crueldad y dolor innecesarios. Por otro lado, prohibirlas contribuye a la concientización social, la formación de valores, respeto por los animales, y la lucha contra el maltrato animal", destacó Torres.
En los fundamentos del proyecto, el autor menciona el marco normativo existente respecto al maltrato animal, como la Ley Nacional 14.346 (que prevé penas de hasta un año de prisión a quien infligiere actos crueles en animales domesticables), el artículo 41 de la Constitución Nacional (que encomienda a las autoridades a proveer la protección del derecho a la preservación de la diversidad biológica), y la Declaración Universal de los Derechos del Animal, promulgada por la UNESCO el 15 de octubre de 1978.
"Hay que tener presente que todo este tipo de intervenciones puede finalizar con resultados fatales. Por lo tanto no se esgrime razón lógica o coherente que justifique someter a un ser vivo a prácticas tortuosas con el único fin de satisfacer un deseo irracional de su dueño", sentenció el diputado sancarlino.
En su articulado, la iniciativa faculta al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de fijar las sanciones para las personas que incumplan con sus disposiciones.
