Menos regalías e inversiones por deudas, parte del acuerdo que negocian Mendoza e YPF

Por eso, también aspira a que la Provincia, como poder concedente de los recursos hidrocarburíferos, le conceda la prórroga de 3 concesiones de explotación: Chihuido de la Salina, Chihuido de la Salina Sur y Paso Bardas Norte. A cambio, asumiría una inversión siempre y cuando Mendoza "no pretenda el cobro del bono y el aumento de regalías" previsto en el art. 59 y concordantes de la Ley Nacional 17.319. 

Al mismo tiempo, como parte de su plan a futuro si se consuma el acuerdo, la petrolera de bandera le blanqueó al ministro de Economía Enrique Vaquié su intención de devolver otras 2 áreas consideradas de bajo interés para el negocio: Loma de la Mina y Puesto Molina Norte. Como contrapartida, promete la realización de "diversas inversiones" en la destilería en su Complejo Lujan de Cuyo (u$s 100 millones), aunque en 2018 había lanzado un plan a 5 años por u$s 1.000 millones. 

¿Qué pretende la Provincia?

La negociación es compleja porque también involucra 3 diferendos entre las partes de arrastre al menos desde 2013, en gran parte vinculados al pago de regalías y que la empresa propone solucionar con otras propuestas.

 Uno de ellos está relacionado con la liquidación de derechos de explotación que fijó la Nación con el Plan Gas en 2013 para estimular la producción. Por otra parte, un reclamo que la Provincia arrastra desde 2008 contra YPF por el pago del aporte al llamado Fondo de Infraestructura Escolar, impuesto en su momento como parte de las licitaciones de áreas.

También aparece como variable de negociación el precio para acuerdos de procesamiento (Crudo Transferido sin Precio o DUPI - Destinado a Ulteriores Procesos de Industrialización), en función del cual Provincia y Nación, según una resolución de la Secretaría de Energía del 2004, deben acordar  el precio de referencia para el cálculo y liquidación de las regalías.

  Ahora bien, un aspecto que desde el Gobierno sopesan, más allá de las inversiones y su resultado, a la hora de acordar, es la deuda que acumula YPF con la provincia. Las cifras, según la Dirección de Regalías, son importantes:  $605.492.035,71 y usS 7.207.093,09 en concepto de derechos de explotación, y más de u$s 15,6 millones por el pago al Fondo Escolar sólo entre las áreas Chachahuén Sur y Cerro Morado.

Es parte de lo que YPF mantiene por diferencias de regalías y pago del aporte escolar durante casi una década. No obstante, un dictámen técnico de la Dirección de Hidrocarburos expresa la conveniencia de las inversiones, las prórrogas de concesiones planteadas y reversiones de bajo interés para la compañía, al punto que desde Casa de Gobierno asumen que "está todo OK para la firma, sólo resta coordinar el día", que sería durante la próxima semana.

 Luego de un análisis comparativo entre la propuesta de inversión de YPF y la deuda con la Provincia en concepto del Plan Gas y Aportes al Fondo Escolar, el director del área, Estanislao Schillardi, concluye que "resulta conveniente para Mendoza la propuesta de inversiones por YPF en la carta de intención versus la deuda informada por la Dirección de Regalías, y en caso de éxito de los proyectos, las inversiones se incrementarían aún más". Aunque advierte que desistir de los reclamos queda supeditado "al pleno y total cumplimiento del plan de inversiones propuesto".

Observaciones a la firma

 Pero no se trata sólo de voluntades para firmar. Así es que la intervención de Fiscalía de Estado en cuanto a la defensa de los intereses de la provincia resultó en al menos 4 objeciones que el titular del organismo de control, Fernando Simón, le remitió al ministro de Economía, Enrique Vaquié, para ser tenidas en cuenta antes de cerrar el convenio.

Entre otros puntos, plantea hacer un "análisis de conveniencia sobre la disminución de regalías" a la mitad y exclusión del cobro del Bono de Prórroga): teniendo en cuenta que al momento de la concesión la alícuota exigida por licitación fue del 23%.

También se expresa sobre el pedido de prórroga de las 3 áreas nombradas (Chihuido La Salina, La Salina Sur y Bardas Norte), solicitándole a Economía que meritúe la "oportunidad, mérito y conveniencia" de concederla.

Del mismo modo, señala una objeción en cuanto a la fijación del precio para liquidar regalías. Al respecto, si bien desde el Ejecutivo advierten  su potestad para determinarlo, Fiscalía señala como un problema "relevante" que YPF S.A lo fija "unilateralmente" y se los comunica a los operadores, con lo cual se supone "imposible para el productor discutir el precio y de la provincia de determinar la razonabilidad de ese precio, para luego poder liquidar la regalía".

En base al dictámen legal de la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado, finalmente Simón considera que "una vez cumplidas con las recomendaciones realizadas podrá procederse a la suscripción y posterior aprobación de la Carta Intención en análisis". 

No a la indemnización

Asimismo, el fiscal de Estado hace otra observación al Ejecutivo para ser tenida en cuenta antes de la firma del acuerdo. Es que en medio de reclamos cruzados entre la Provincia e YPF, esta mantiene su aspiración por cobrar una indemnización por parte del Estado mendocino, de la que a criterio de Simón la petrolera debería desistir: son $12,7 millones que ya tienen sentencia firme a favor de la compañía.

"Considerando que el objeto de la cláusula cuarta de dicha Carta es precisamente la solución de las diferencias existentes entre la Provincia y la empresa, resultaría conveniente a los intereses de la Provincia y adecuado al fin perseguido, la renuncia por parte de YPF a la percepción de la indemnización por expropiación determinada en el proceso judicial que tramita por autos N° 152.271 caratulados: "Fiscalía de Estado C/ YPF S.A. p/ expropiación", por ante el Tercer Juzgado Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial", dice el escrito enviado al ministro Vaquié.