Llegó el día. Después de 8 meses, con una pretensión mayor que finalmente el Epre avaló en hasta el 13,4% a usuario final, las distribuidoras eléctricas de Mendoza buscarán cerrar hoy con la audiencia pública de rigor el trámite requerido para ir por otro ajuste semestral del VAD (Valor Agregado de Distribución), que determina el costo del servicio a los usuarios.
A partir de las 11 y vía Zoom, el ente regulador abrirá las exposiciones de todas las instituciones, además de las empresas prestadoras y particulares que se inscribieron al lunes 28. Y hasta antes de comenzar aún habrá chance de anotarse en carácter de partícipe de la audiencia que se había convocado el 19 de mayo pasado, luego de que la Secretaría de Servicios Públicos habilitara el 15 de abril a iniciar el proceso de revisión tarifaria y a las empresas a presentar sus estudios de costos.
Como suele ocurrir, las empresas, con Edemsa a la cabeza, presentaron estudios de costos con pedidos superiores. Por ejemplo, la mayor distribuidora en cantidad de usuarios servidos expuso un aumento del 20% del VAD a partir de febrero del 2021 a diferencia del cálculo aprobado por el Epre, valiéndose de otros ítems, como un incremento del costo laboral del 17% y en definitiva un "déficit de aproximadamente $50 millones anuales entre ingresos y costos".
Pero el requerimiento de VAD propio solicitado por cada una de las distribuidoras (son 11 en total) a enero 2021 oscila entre 17,6% (Edeste) y 22,9% (Cooperativa Godoy Cruz) desde octubre del 2020, de acuerdo a los estudios de costos. Esto, de acuerdo al análisis técnico del ente, "sin considerar los Ingresos No Percibidos durante los últimos años, con un valor medio de 19,7%, respecto del Cuadro Tarifario de VAD propio vigente", un viejo reclamo que para las empresas representa un acumulado de casi $20.000 millones.
Si se aprueban los valores propuestos, en las facturas los usuarios pasarán a pagar, con 6,3% de actualización, $73 más como mínimo para la categoría básica (Residencial T1R1, que consume hasta 300 kw/bimestre), y hasta un incremento máximo de hasta $2.800 si el consumo supera los 2.800 kw (T1-R3). Pero si se aplica el ajuste máximo (13,4%), llevado a las facturas significará entre $160 y hasta $6.087 más en cada una de esas categorías, respectivamente.
Cambios
La instancia, que como otras audiencias no es vinculante (no modifica directamente el pedido de ajuste pero debe ser tenida en cuenta) es la antesala de la decisión final, en manos del gobernador Suarez. Esto es, cuándo y cómo se trasladará a las facturas el incremento autorizado luego de su tratamiento público, que tendrá por primera vez no 1 sino 3 representantes de distintos sectores como "Defensores Públicos del Usuario".
Esta vez, ejercerán esa función Romina Ríos, presidente de la ONG Protectora, junto a Nicolás Vicchi, subgerente de Acovi (Cooperativas Vitivinícolas), y el gerente de Aderpe (Asociación de Empresarios del carril Rodríguez Peña), Manuel Ponce. "Considerando la relevancia del objeto de la audiencia, resulta prudente y necesario dar mayor participación a distintos sectores", dispuso el organismo según la designación firmada por su presidente, Andrea Molina, el lunes 28.
Los reclamos
Al igual que la última discusión realizada en el 2020, llega con algunos reclamos y presentaciones de Protectora, antes como ONG y ahora en carácter de fuerza política.
A través de una presentación en nombre del particular Carlos Arenas, presenta una aclaratoria por la falta de publicidad del acto, sobre el porqué de "lo acotado de los tiempos de convocatoria" e incluso por considerar que "se omitió expresamente el impacto de los cuadros tarifarios eléctricos en relación con otros servicios públicos" para los hogares mendocinos, entre otros puntos. Y en definitiva, pide la nulidad de la audiencia. Idéntica postura y planteo replicado por el diputado nacional José Luis Ramón, también inscripto como expositor.