Este miércoles fue imputado el juez federal Walter Bento por ser considerado líder de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y por cohecho pasivo, es decir, recibir coimas. Tres abogados tienen pedido de captura por ser parte de la red.
La investigación se inició el año pasado cuando algunas escuchas telefónicas comprometían al hoy juez federal y electoral, Walter Bento. Según los informes que recibió el juez Eduardo Puigdéngolas, quien estuvo a cargo de la investigación, el acusado habría recibido dinero para beneficiar a detenidos.
Es por ese que entienden que contó con la colaboración de tres abogados: Matías Aramayo, Luciano Ortego y Martín Ríos. Los tres están con pedido de captura y no fueron detenidos por el momento. Estos letrados eran, según la causa, quienes le daban el dinero a Bento.
Además del juez federal, la acusación recayó sobre su esposa, a quien identificaron como María Boiza. La calificación es por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esto porque no hay consistencia con los bienes patrimoniales que poseen.
El expediente se abrió luego de la investigación que se inició por la desaparición y posterior homicidio de Diego Aliaga. Por este caso se encuentran detenido Diego Barrera, quien era su socio, y algunos familiares. La declaración de Barrera permitió abrir la causa sobre los presuntos manejos irregulares de Bento.
Con la conexión de datos y confirmación de la principal hipótesis, hizo que el juez Puigdéngolas, junto al fiscal Dante Vega, imputaran al juez federal Bento.
