Por atraso tarifario, aumentan telefonía, internet y cable desde mayo

Por Sección Economía

Las tarifas de telefonía, internet y cable llegarán con aumentos de entre 10% y 15% a partir de mayo, según la información que las empresas empezaron a remitir vía SMS a los usuarios.

En este contexto, las empresas justificaron la decisión de modificar los precios y salieron a anunciar aumentos para compensar el "atraso tarifario" que vienen registrando en los últimos meses.

A raíz de la pandemia, durante 2020 los cuadros tarifarios estuvieron congelados a raíz del decreto presidencial 690 que declaró servicios públicos esenciales.

El Gobierno autorizó en diciembre del año pasado aumentos del 5% en los servicios de telefonía fija, móvil, internet y tv por cable, aunque las subas llegaron al 20%.

Entre las empresas que anunciaron aumentos, Movistar lo hizo vía SMS y precisó que el ajuste será del 8% en mayo y del 7% en junio, al igual que la empresa Claro, que ya lo comunicó la semana anterior.

En tanto, Telecom aplicará un incremento del orden del 10% a todos sus productos.

Las cooperativas también buscan subir los precios

A pesar de que el Gobierno autorizó aumentos en las facturas de telefonía móvil de hasta un 7,5% en febrero y un 2,5% en marzo, un grupo de compañías del sector salió a reclamar nuevos ajustes en los valores.

Se trata de cooperativas que prestan servicios en el interior del país y que consideran que los incrementos aprobados hasta ahora son insuficientes y las dejan rezagadas con respecto al nivel de inflación en lo que va del año.

Las empresas enviaron una carta al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini para evidenciar sus diferencias con la política oficial de congelamiento de precios y enumerar los motivos por los cuales solicitan nuevos ajustes.

Ambos ejecutivos destacan que las cooperativas socias de sus respectivas organizaciones empresariales han sido debilitadas por el efecto combinado de subas de costos, que han seguido la inflación, con la disminución de ingresos por el congelamiento de precios, los aumentos regulados, falta de pago y/o adhesión a planes establecidos por el Enacom como el Servicio Mínimo y posteriormente la PBU obligatoria.

De hecho, desde el sector de las tecnologías de la información o TIC vienen advirtiendo que la intervención estatal y el atraso en los precios, sumado al aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una disminución muy significativa de la generación de ingresos.

El DNU había sido anunciado por Alberto Fernández el pasado 21 de agosto. A través de su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado comunicó que se congelaban hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a internet y la TV paga.

Panorama incierto

En este sentido, la Cámara Argentina de Cableoperadoras (CACPY), y otros sectores de la industria de las telecomunicaciones, también mostraron el rechazo a las políticas de congelamiento del Gobierno que, sostienen, llevaron al sector a tener que atravesar un complicado panorama.

Lo hicieron mediante un comunicado publicado por la CACPY en el cual recuerdan que el nivel de crisis económica que se ha generado a partir de la pandemia a nivel mundial y el nivel de exigencia a que se ven sujetas las redes, que deriva en mayor cantidad de mantenimiento e inversión.

"Es absurdo creer que una industria que tiene el 80% de sus costos de infraestructura en dólares, puede continuar en un contexto de congelamiento sin entrar progresivamente en una crisis de su capacidad de prestación", advierte la CACPY.

Empresas piden aumento de tarifas de telefonía, internet y cable

La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar en contra del decreto 690/20 que reguló los precios de la telefonía móvil, los servicios de internet y la televisión por cable y determinó que podrán fijar sus precios a fin de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan.

En febrero pasado, la cableoperadora TV Cable Color S.A., de Córdoba, había denunciando el DNU y logrado que un juez de esa provincia falla a favor de la suspensión de la medida y de "todo acto dictado como consecuencia de dichas normas".

Se trató de una decisión del Juzgado Federal 1 de Córdoba que también le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.





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