Ns/nc. Como la respuesta de una encuesta podría resumirse la postura que, de acuerdo al Gobierno provincial, ha adoptado la Nación desde el 9 de abril ante el pedido de incluir a Mendoza en el polémico régimen de Promoción del Empleo orientado a provincias del Norte argentino más San Juan. Así se lo dio a entender el ministro de Economía Enrique Vaquié a las cámaras empresarias, desde donde partieron expresiones de apoyo no exentas de un pedido: fortalecer el frente común desde la provincia e ir por la vía del reclamo judicial de ser necesario para defender los intereses provinciales.
Cabe recordar que hace un par de semanas, Vaquié le elevó a su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, un listado de más de 300 actividades locales a priorizar para su eventual inclusión al régimen (ver aparte), que propone una reducción de hasta el 80% de cargas patronales por cada nuevo empleo creado durante el primer año. Y, ante la falta de respuestas oficiales en lo que va de abril, repasó la situación con dirigentes empresarios, que mayoritariamente avalaron las gestiones.
La comparación con San Juan, que en principio "entró por la ventana", volvió a ser inevitable. "Enviamos la propuesta en su momento, pero sólo sabemos por declaraciones periodísticas de Kulfas que de haber un convenio sería similar al de San Juan. Y hasta ahora no tenemos nada", resumió Vaquié, acompañado por el secretario de Comercio e Industria, Alejandro Zlotolow, quien precisó a su vez los dos argumentos utilizados.
Según Zlotolow "uno de ellos es la distancia con los centros de consumo (como el Puerto de Buenos Aires). Y el otro es que, al existir el régimen "simil-Promoción Industrial" "la desigualdad frente a las provincias beneficiadas provocará que Mendoza no pueda generar nuevos empleos: por eso pedimos que el régimen sea para todo el país, equitativo y federal".
Apoyo gremial y el frente judicial
Luego de rescatar "los reflejos del Gobierno para reaccionar en forma rápida y precisa", el presidente de la FEM (Federación Económica de Mendoza), Alfredo Cecchi, fue uno de los que pidió consolidar un frente en defensa de los intereses mendocinos. "Creo que es momento de trabajar mancomunadamente con el ministerio ante la Nación", resumió el dirigente.
Aunque más dramáticamente, también coincidió Daniel Ariosto, titular de la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza). A su criterio, si no se logran resultados a corto plazo "se nos viene una nueva Promoción Industrial. Es inminente. Y eso significará la asfixia de muchas actividades".
Otros dirigentes fueron por más. Mario Doña de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín, pidió darle cabida a los sindicatos "para sumar la fuerza gremial al reclamo y meterle más presión a la Nación". Mientras que Sebastián Lafalla, de la Cámara homónima de Tupungato, hizo lo propio en su caso con otros partidos políticos, además de pedirle al Gobierno recurrir a su "Plan B", esto es, "la acción legal prevista, ya que hay altas probabilidades de quedarnos afuera".
Cabe recordar que el gobernador Suárez, a través del ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, había instruido a Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado a diseñar la vía para el reclamo administrativo, de ser necesario. Así, el abordaje del fiscal de Estado, Fernando Simón, según lo anticipó Sitio Andino, fue una demanda basada en el "perjuicio por omisión" ante la Corte, con el antecedente de la tristemente célebre Promoción Industrial que por 4 décadas perjudicó al aparato productivo mendocino. Un recurso que está en la gatera, a la espera de ser utilizado en caso de emergencia.
El planteo mendocino
El último contacto formal al respecto había sido el miércoles 31 de marzo con el Secretario de industria, Ariel Schale y el Secretario de Pymes y Emprendedores, Guillermo Merediz. En función de lo expuesto por las autoridades nacionales, utilizar recursos para ANR (Aportes No Reintegrables) provenientes del FONDEP significaría beneficiar a 114 actividades coinciden con el decreto emitido el 23 de marzo, a las que se agregan Servicios y Ventas.
Pero también actividades de producción de bienes (similares a Norte Grande argentino), actividades que para el Ejecutivo provincial "son generadoras de empleo y las complementarias con los programas Mendoza Activa y programa Enlace".
Según explicó el secretario Zlotolow, el criterio a la hora de priorizar contempla "a las actividades que forman parte de nuestra matriz productiva, las que generan empleo y las que atraviesan una situación más complicada" como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia.