Por estas horas el Gobierno de Mendoza baraja varias cartas para jugar y hacer frente al régimen de promoción del empleo para las provincias del Norte y San Juan que anunció la Nación, excluyendo a Mendoza, como sucedió años atrás por la Promoción Industrial y cuya compensación por los daños aún no se concreta. Una vía administrativa y otra legal con respaldo privado.
Con la guardia en alto, el Ejecutivo local negocia una salida política sin descartar el resorte judicial ante la Corte Nacional por "inconstitucionalidad por omisión discriminatoria". Tal es el planteo que ya le sugirió la Fiscalía de Estado al propio gobernador Rodolfo Suarez, en defensa de los intereses de la provincia y particulares.
Ante el riesgo de que Mendoza finalmente quede afuera del decreto nacional, es que Suarez había instruido al fiscal de Estado y al asesor de gobierno para avanzar en una eventual demanda para forzar la inclusión de Mendoza en el "Régimen de Promoción de Empleo".
Paralelamente desde el Ejecutivo hicieron llegar a las autoridades nacionales una propuesta que plantea la inclusión de la provincia en "condiciones de igualdad" respecto a las nombradas.
En concreto, se elevó una lista con unos 180 sectores o actividades que pretenden incluir en este sistema de reducción de aportes patronales. Sin embargo, el recurso legal está a mano con una figura jurídica innovadora y por dos carriles: el público y el privado.
Metalúrgicos y olivícolas, en línea
Desde distintos sectores industriales esperan que se oficialice el decreto para confirmar si termina o no incluida la vecina provincia de San Juan, una medida real para el reclamo por discriminación.
"No profundizamos el tema a la espera de que se cumpla la promesa de la Nación de incluir a Mendoza. Pero si se efectiviza la acción que plantea Fiscalía y el Gobierno decide avanzar, vamos a acompañar como cámara", adelantó Julio Totero, vicepresidente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza).
Antes, el ministro Vaquié, aún con un canal abierto de diálogo al respecto con su par de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, había referido a la necesidad de "un frente común por Mendoza", en clara alusión al apoyo empresario. En tal sentido, para Totero "habría un triple impacto: el directo para la menor tributación a la Provincia, el que afecte a los privados y la masa coparticipable. ¿Qué va a pasar con nuestros vectores de crecimiento?".
Pero si hay una actividad que tiene un triste recuerdo del viejo régimen de Promoción Industrial es la olivicultura. Según el gerente general de Asolmen (Asociación Olivícola de Mendoza), Mario Bustos Carra, "fuimos los primeros en decir que había discriminación. Sino ¿cuál sería el motivo de ayudar a 10 provincias argentinas y dejar afuera a Mendoza? También llevar del 80% al 20% de beneficios en cargas patronales por tomar un empleado, y por otro lado una ley laboral es restrictiva, con la doble indemnización".
Según Bustos Carra, la cámara ya analizó la vía legal para el reclamo, por ahora en stand-by. "Estamos seguros que al Gobierno lo vamos a acompañar, pero si hay reclamos como sector deberán hacerse empresa por empresa", precisó.
Bodegas, en el medio
No en todos los casos hay una vocación explícita. Desde la cámara que agrupa a la mayoría de las bodegas exportadoras del país admiten que el avance del régimen de promoción de empleo impulsado por la Nación sería una "desventaja" y un perjuicio si excluye a Mendoza. Pero también que, como cámara federal, se hace difícil una postura unificada sobre cómo proceder.
"La coordinación público-privada es importante para trabajar conjunto por Mendoza. Si bien el espíritu de la cámara para decidir se basa en problemáticas que atraviesan a todas las regiones, el apoyo a una acción debería discutirse con el directorio: aunque obviamente la mayor cantidad de miembros está en la provincia, tenemos vicepresidentes que representan a distintas zonas del país", analizó la presidente de BA, Patricia Ortiz.
Hoy BA tiene alrededor de 200 bodegas asociadas, de las cuales alrededor del 80% están radicadas en Mendoza. El último tiempo sumó particularmente a otras cámaras y para la Vendimia dio un golpe de efecto mayúsculo con la presentación de la Mesa Vitivinícola Nacional, en busca de mayor representatividad territorial.
Estrategia legal
La alternativa legal avanzaría por una senda poco transitada hasta el momento por las provincias y tiene una complejidad extra por esto mismo. Es que a diferencia de los reclamos por la promoción industrial de hace unos años, cuando la Provincia reclamó por daños consolidados ya que las anteriores reducciones en IVA y Ganancias significaron menos fondos coparticipables, en esta oportunidad se trata de un potencial daño.
Por eso, la demanda que se está elaborando es para plantear la "inconstitucionalidad por omisión discriminatoria". El planteo será el que la Nación otorgará una serie de beneficios a una o varias provincias, dejando fuera a Mendoza, lo que constituye un acto discriminatorio y desigual.
Esta demanda no es contra el beneficio del otro, sino al trato desigual
Además, la apuesta fuerte será la de incluir a los privados en la demanda ya que para ellos representa una potencial afectación. Incluso, evalúan que significa una desventaja para el conjunto de trabajadores mendocinos, explicaron fuentes legales.
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