Si la autorización legislativa se completa (con la próxima votación en el Senado), la Nación se quedará con el 63,7% de las acciones de la compañía, Mendoza tendrá el 21,2%, los acreedores un 9,8% y la familia Pescarmona controlará el 5,3%.
"No es lo que más nos gusta tener que comprar acciones de empresas privadas, pero es necesario porque queremos evitar el daño que puede significar no intervenir", manifestó el presidente del interbloque de Cambia Mendoza, Jorge López, quien resaltó la articulación entre ambos Estados.
La diputada Liliana Paponet (Frente de Todos), sostuvo que el Gobierno debió intervenir no solo por la crisis económica, "sino también por el mal manejo de su directorio. Por eso tuvo que reestructurar su deuda y terminar en un acuerdo judicial".
"Hay empresas realmente recuperadas como La Terre que están en un conflicto muy grande porque un empresario se la quiere robar, con el favor de la Justicia y del Gobierno. La ley que se votó en la Legislatura quedó como un papel mojado. Merecen la atención completa del Estado provincial y Nacional", indicó Mailé Rodríguez (FIT-PTS), quien votó en contra.
Por su parte, el legislador Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza) descartó la medida. "A partir de este momento, IMPSA es una empresa que los Estados nacional y provincial acaban de estatizar. Queríamos que se salve a esta empresa con un periodo temporal en el que se pongan a la venta las acciones que se están comprando. Es otro aguantadero político de los partidos mayoritarios. Es lo que nos pasa con YPF y Aerolíneas Argentinas", consideró.
Para Mercedes Llano (PD), la compra de acciones es una "apropiación kirchnerista" y una "morenización" de IMPSA. "No seamos cómplices de este populismo que no nos ha aportado más que pobreza, corrupción y, seguramente, en un futuro, cercenamiento de libertades", criticó.