A dos años de la implementación de los juicios por jurados en Mendoza, el Gobierno provincial continúa con el análisis de ese sistema para ampliar sus alcances.
A dos años de la implementación de los juicios por jurados en Mendoza, el Gobierno provincial continúa con el análisis de ese sistema para ampliar sus alcances.
Hasta el momento, la ley permite que este tipo de procesos se realice en los casos previstos por el artículo 80 del Código Penal, es decir, los homicidios calificados (que prevén cadena perpetua). Pero el Ejecutivo puso en funcionamiento una comisión para estudiar el tema y, eventualmente, extender los juicios a otros delitos.
Los juicios por jurados se implementan desde 2019 en Mendoza.
El miércoles pasado se reunió por segunda vez ese espacio con representantes de la Suprema Corte, del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, de la Federación de Colegios de Abogados/as, de la Legislatura y del Poder Ejecutivo. Allí, se invitó a un funcionario del máximo tribunal para que acercara estadísticas sobre los jurados populares.
"Hasta el momento llevamos 16 juicios por jurados. Pedimos estadísticas respecto a qué cantidad se estiman para este año y cuáles son las expectativas para el 2022", explicó a SITIO ANDINO el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, que participó del encuentro en Casa de Gobierno.
Así, también se solicitó información acerca de otros delitos, como los robos seguidos de muerte y homicidios simples. "Necesitamos ver las estadísticas para saber a qué delitos ampliamos y con qué nos tenemos que encontrar, porque hay toda una estructura para armar los juicios por jurados", sostuvo.
"En principio, la idea siempre ha sido ampliarlo de mayor a menor gravedad de penas. Hoy son los homicilios calificados que tienen prisión perpetua. Por eso, lo analizamos para hacerlo de modo sistemático y ordenado", manifestó el funcionario.
En 2019, un acuerdo entre el entonces gobernador Alfredo Cornejo y la senadora Anabel Fernández Sagasti permitió avanzar con la propuesta, que ya estaba incluída y prevista en la Constitución. Los dos principales sectores políticos de la provincia tenían iniciativas en ese sentido, por lo que se unificaron y definieron los alcances de la ley.
Posteriormente, se acumularon propuestas (la última data de hace algunos días, impulsada por el Frente de Todos en la Cámara de Diputados) para sumar delitos para que lleguen a juicio con el sistema de jurados populares, pero recién este año se empezó a estudiar formalmente una modificación a la legislación.
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