Luego de que el Gobierno e Impsa S.A. dieran el puntapié inicial a la negociación para reestructurar a la sociedad, algunas exigencias prometen dilatarla un poco. Es que el contralor oficial abre algunos interrogantes acerca de si llegará o no a buen puerto la operación por la cual la Provincia, junto a la Nación, podrían hacerse de un 40% del paquete accionario de la multinacional.
El fiscal de Estado, Fernando Simón, ya tomó cartas en el asunto. En concreto, con una solicitud al Ejecutivo provincial para que brinde información más precisa sobre cómo prevé encarar las gestiones, con un criterio preciso: determinar hasta qué punto se comprometerá al patrimonio fiscal del Estado mendocino con el pretendido desembolso de u$d 5 millones.
Si bien por un lado Impsa estructuró la emisión de nuevas acciones Clase A para capitalizarse con u$d 20 millones y formalizó su oferta al Gobierno, que a su vez formuló algunas condiciones, Fiscalía de Estado aún no tomó conocimiento de los términos de la negociación. De ahí la solicitud, de la que ahora espera una respuesta, acerca de la forma en la que busca hacerse de al menos 1 sillón en el directorio de la firma.
Cabe recordar que, hasta el momento, el ministro de Economía, Enrique Vaquié, hizo explícitas 3 cuestiones para acceder al directorio de IMPSA. Que la firma permanezca en Mendoza al menos durante los próximos 30 años, debe ser, para el ministro, cláusula número 1 de un eventual acuerdo como salvaguarda de los casi 700 puestos de trabajo actuales, muchos de ellos de alta calificación.
El segundo punto es fijar límites a la designación de directores y personal, de modo de impedir que se convierta en un botín político. Y por último, que el Gobierno nacional dé avales suficientes (si se tiene en cuenta que como Estado argentino es un cliente clave en distintos proyectos energéticos del país) para que el holding mendocino pueda re-encarrilar su actividad luego de sanear sus finanzas.
Ahora, a la Legislatura
Al respecto, desde Ministerio de Economía evitaron pronunciarse específicamente acerca del requerimiento de Simón. Pero al mismo tiempo confirmaron que en cualquier caso, antes de avanzar, se buscará el aval legislativo.
"Vamos a enviar un proyecto de ley para que la Legislatura faculte al Ejecutivo a participar de la operación de rescate/protección del capital social de Mendoza. El propósito es que haya transparencia, sobre todo con la asignación de fondos" indicaron a Sitio Andino desde el entorno del ministro Enrique Vaquié, que toma distancia del criterio nacional respecto a ciertas decisiones para respaldar la actividad industrial.
Es que el Ejecutivo defiende su "criterio que contempla escuchar y recepcionar aportes" frente al polémico e "inconsulto" decreto del Gobierno nacional (que también analiza su ingreso al directorio de IMPSA con un aporte de u$d 15 millones), de impulsar una suerte de nueva "Promoción Industrial" para provincias del Norte más San Juan. Un régimen por 3 años que subsidiará, desde el 1 de abril, 80% de aportes patronales para cada nuevo empleo durante los primeros 12 meses que, por el momento, excluye a Mendoza.
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