El gobernador Rodolfo Suarez instruyó a la Asesoría de Gobierno para que inicie una demanda de daños y perjuicios contra una constructora por incumplimiento contractual en una licitación para la refuncionalización de oficinas en la Casa de Gobierno.
A través del Decreto Nº 145, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el mandatario solicitó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y al cuerpo de abogados de la Asesoría, a que "inicien demanda de daños y perjuicios -u otra acción civil procesalmente procedente- contra MAURES S.A. CUIT N° 30-67198346-3 por los daños que su incumplimiento contractual (...) ocasionaran a esta administración pública".
Asimismo los instruyó también para que inicien reclamo y demanda de ejecución del seguro de caución como garantía de ejecución del contrato contra la aseguradora de la empresa.
La acción impulsada por el Gobierno provincial está motivada por una deficiente refuncionalización de cuatro oficinas del Tercer Piso y la totalidad del Cuarto Piso del Ala Oeste de la Casa de Gobierno, obra que había sido adjudicada a Maures S.A. tras una licitación.
El expediente firmado por el gobernador Suarez indica que la empresa realizó una entrega tardía de la obra en agosto de 2019 tras una prórroga y una intimación para el cumplimiento de sus obligaciones.
Se señala que luego del transcurso de cinco meses desde la recepción, comenzaron a observarse oscilaciones y vibraciones en los tabiques de aluminio y vidrio en la mayoría de las oficinas, los que subsisten hasta el día de la fecha.
El informe técnico realizado detalló que "al momento de la recepción de los trabajos no existieron fallas ni defectos aparentes, es decir perceptibles a simple vista, pero con el transcurrir de los días y el uso normal y continuo de las oficinas, son cada vez más notorias las deficiencias antes nombradas" y que "los tabiques están compuestos por una estructura de aluminio y vidrio que presenta fallas ante el accionar de las puertas que lo componen (apertura y cierre), vientos fuertes, sismos y/o cualquier otro movimiento propio del edificio, produciendo una vibración, tanto en paños fijos como en paños móviles, poco normal para este tipo de estructuras. Convirtiendo a estos en elementos peligrosos, ya sea por explosión o rotura de los mismos".
Tras la detección de estos defectos la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza dictó una Resolución intimando y emplazando a Maures S.A. a "reparar, subsanar o reponer los defectos o deficiencias que ostentan los trabajos realizados en el marco y de acuerdo al contrato adjudicado".
Ante la falta de acatamiento de la constructora a esa orden se dispuso la rescisión del contrato. Asimismo, luego de corroborarse el incumplimiento contractual, se ordenó la aplicación de sanciones de suspensión por un año para contratar con la administración pública provincial y de multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de los trabajos no realizados.
De los informes técnicos surge que la administración pública debería gastar aproximadamente $638.000,00 + IVA para la realización de aquellas reparaciones que la compañía no cumplió.
Considerando estos elementos, el gobernador Suarez y el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgró, decidieron iniciar una demanda a la empresa al considerar que "la omisión e incumplimiento de la contratada importa un perjuicio evidente a la administración pública provincial en tanto ésta deberá realizar tales erogaciones a efectos de reparar los vicios detectados sobre la obra entregada, los cuales representarían un riesgo sobre las personas y el mobiliario de ese sector de la Casa de Gobierno".
Este es decreto:
