La Corte salvó al ex Contador General del Casino de devolver $ 341 mil
La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló parcialmente un fallo del Tribunal de Cuentas y eximió al ex contador general del Instituto Provincial de Juego y Casino (IPJyC) de devolver $ 341.000. Previamente el mismo tribunal había salvado a otros cinco ex funcionarios de esa dependencia de pagar sanciones millonarias, las cuales habían sido impuestas por el organismo de control por supuestas irregularidades en la contratación de un servicio de limpieza.
La resolución fue rubricada por los jueces Pedro Llorente, María Teresa Day y Mario Adaro, quienes hicieron lugar a la demanda presentada por Gonzalo Javier Jeréz, ex contador General del Instituto, y anularon el artículo 7 del Fallo Nº 16.633 del Tribunal de Cuentas respecto del cargo solidario que había formulado contra este ex funcionario.
El organismo de control había determinado que las autoridades del IPJyC habían pagado desde enero a noviembre del 2014 sobreprecios millonarios en la contratación de la empresa Masterful SRL por el servicio de limpieza para las salas de juego. Por lo tanto en 2016 resolvió sancionar a los ex funcionarios involucrados y emplazarlos a devolver cifras en varios casos millonarias y años después ratificó esa determinación.
El fallo estableció que el ex presidente del IPJC, Carlos Bianchinelli, debía pagar $ 2.064.134; el director Federico Domínguez $ 1.702.574; el director Miguel Bondino $ 554.893; el coordinador de Administración y Servicios, Carlos Cardone, $ 2.743.098; el contador General Gonzalo Jerez $ 341.015; y la contadora Carina Andreoni, $ 2.059.258.
Ahora el máximo tribunal de la justicia provincial falló a favor de Jerez en la misma línea. Los magistrados concluyeron que "conforme a las constancias de la causa y de acuerdo a los fundamentos expresados en el fallo impugnado, se advierte la existencia de incongruencia en relación a los criterios normativos de aplicación, dado que no se encuentra acreditada la existencia de daño para la hacienda pública en razón del pago efectuado a la empresa prestadora del servicio de limpieza en la órbita del IPJC en el mes de enero del año 2014".
Asimismo, argumentan en la resolución que "habiéndose comprobado que el cargo impuesto al actor, en función de los argumentos desplegados por la accionada para atribuirle responsabilidad, no se corresponde con los hechos acreditados respecto del período enero 2014, se concluye que el acto administrativo impugnado (art. 7 de Fallo N° 16.633), se encuentra gravemente viciado en los términos previstos en los artículos 52 inc. b), 63 inc. c) en función del artículo 39 de la Ley N° 3909 y Ley N° 9003, correspondiendo por ende declarar su nulidad en relación al accionante".
De esta manera, ninguno de los seis ex funcionarios apuntados por el Tribunal de Cuentas deberá devolver el dinero que se le exigió en fallo de 2016.
