A través del Decreto 1749 -que lleva la firma del gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró-, fue cesanteado un integrante del cuerpo de Guardaparques del Valle de Uco, acusado de malversación de fondos públicos.
Se trata de Luis Máximo Arias, quien fue suspendido en 2018 cuando un comerciante de la zona (propietario de una proveeduría) lo denunció por pedir sistemáticamente "retornos" del 20% del valor de los cheques que emitía la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial para la adquisición de mercadería y alimentos para los trabajadores de las reservas naturales Laguna del Diamante, Manzano Histórico y Manzano - Portillo Piuquenes.
A partir de entonces se inició una investigación interna a la que se incorporaron pruebas que complicaron al agente público, como audios de WhatsApp en los cuales detallaba las maniobras irregulares y que luego fueron reconocidos por el denunciante en la audiencia de ratificación.
Arias, quien se desempeñaba como coordinador logístico de zona -con una clase 10 del régimen salarial 5-, fue denunciado también penalmente por los hechos. En el decreto se detalla, entre las anomalías, "conversar en forma directa un procedimiento de pago de facturas, comprar de manera no habitual con el vendedor, recibir pagos del mismo, entregar y recibir facturas en blanco".
De este modo, por "no observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza de su estado oficial; pretender obtener una ventaja, con motivo del desempeño de sus funciones; no guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en reserva, en razón de su naturaleza o de instrucciones especiales; realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres", el trabajador fue cesanteado y dejará de percibir su salario.
El decreto de cesantía
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