Este lunes se conoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el que declara constitucional las prisiones perpetuas. En la sentencia, el máximo tribunal descarta la posición planteada por el juez Eduardo Martearena (quien le dio 25 años de pena a tres hombres por un homicidio agravado por alevosía) y solicita cinco medidas a distintas instituciones para perfeccionar el sistema.
Si bien el principal tema del extenso texto de la SCJ fue apoyado unánimemente, los puntos "extra" fueron acompañados por mayoría y firmados por José Valerio, Dalmiro Garay, Pedro Llorente y Teresa Day.
Con esto, la Corte apunta a generar las garantías para el cumplimiento de las normativas vigentes, como el régimen de ejecución, las conmutaciones y los indultos de penas.
Así, exhorta a las y los jueces que, al momento de imponer una condena, no avancen sobre el régimen de ejecución de la misma. "Es atribución privativa inicialmente de los jueces penales de primera instancia en función de ejecución penal", se asegura en el fallo.
Por otro lado, le reclama a la Legislatura una ley reglamentaria para el inciso 5 del artículo 128 de la Constitución. El mismo se refiere a la facultad del Gobernador de indultar o conmutarlas penas impuestas por delitos que estén en el ámbito de la jurisdicción provincial.
En ese mismo sentido, pide al Ejecutivo "que rehabilite con los requerimientos actuales y carácter urgente la oficina de conmutación e indultos de penas o constituya una nueva, para asegurar un procedimiento ágil y eficaz que canalice satisfactoriamente los pedidos". En la provincia no se aplican estos beneficios desde la gestión de Celso Jaque, en 2008.
En el cuarto ítem, el tribunal le sugiere al Congreso de la Nación que sancione una norma para reglamentar el "derecho de los condenados a peticionar la conmutación o indulto de las penas impuestas".
Finalmente, le ordena a los colegios de abogados/as locales que capaciten a sus integrantes sobre el ejercicio de estos derechos constitucionales, al igual que a la Defensoría General.
