Mendoza retomará este jueves el control del yacimiento Potasio Río Colorado e iniciará un proceso de reactivación de la mina tras 7 años de inactividad. El gobernador Rodolfo Suarez viaja a Buenos Aires para firmar con los representantes de la empresa brasileña Vale el traspaso de los activos y bienes y la provincia podrá comenzar con la búsqueda de un nuevo inversor para el proyecto ubicado en Malargüe.
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Suarez viaja a Buenos Aires para concretar el traspaso de Potasio Río Colorado a Mendoza
El mandatario provincial anunció el lunes que este jueves estaría junto a sus ministros en la Capital Federal para concretar la transferencia definitiva de la empresa Vale a la provincia. Destacó que Mendoza tomará el control de todos los derechos y los bienes con el fin de generar mano de obra para Malargüe.
"Hay muchos bienes, inmuebles, pistas de aterrizajes, tierras y los derechos de explotación de la mina que se transfieren al Estado provincial", explicó Suarez y detalló que el acuerdo también establece una transferencia de 30 millones de dólares para garantizar el mantenimiento de la mina por 5 años.
Una vez conseguida la rúbrica del contrato con la empresa brasileña, el convenio deberá ser avalado por la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado y luego será remitido a la Legislatura para que tanto la Cámara de Diputados como el Senado le den el visto bueno.
Al mismo tiempo se presentará un proyecto de ley para la creación de la Empresa Provincial de Minería, que será la encargada de administrar los activos y las instalaciones de la mina y tendrá la misión de buscar un socio inversor interesado en reactivar el proyecto de explotación de potasio.
Vale obtuvo la concesión del yacimiento de potasio ubicado en Malargüe en 2009 y tras una millonaria inversión en 2013 suspendió las actividades y paralizó las obras que se estaban desarrollando. Al año siguiente, la firma brasileña confirmó su desvinculación del proyecto.
En los últimos años, Mendoza apostó a que Vale alcanzara un acuerdo con otro inversor privado pero los intentos no llegaron a buen puerto. Finalmente se decidió la intervención del Estado provincial para adquirir los activos, tomar el control del yacimiento y emprender la búsqueda de un socio comercial para llevar adelante la explotación de la mina.