El caso Aliaga, el despachante de aduana que desapareció un mes y fue encontrado asesinado, está inmerso en una "batalla" por la competencia del expediente: en pocas palabras, si el hecho debe ser investigado por el fuero federal o bien por el provincial.
En ese sentido, este viernes se iba a realizar la audiencia en la Cámara de Apelaciones donde tres jueces iban a escuchar a las partes -fiscalía, querella y defensa- para definir el futuro del expediente, pero en la previa, el fiscal de cámara Dante Vega presentó un recurso de reposición que hizo suspender ese acto.
Es que el magistrado entiende que la Cámara no puede intervenir hasta que el fiscal termine su investigación, esto amparado en un artículo del viejo Código Procesal Penal, que data del 2003 y que aún tiene vigencia en los hechos calificados como "secuestros extorsivos o coactivos".
Si bien Vega había planteado esto ante la Cámara cuando el juez Garnica declaró la incompetencia del fuero federal, los jueces no hicieron lugar al requerimiento, por lo que el fiscal insistió con este recurso de reposición.
Así las cosas, por ahora el expediente continuará en manos del fiscal Fernando Alcaraz, quien espera que en los próximos días reciba una serie de pruebas nuevas, entre ellas, el informe completo de la necropsia.
Es que si bien se sabe que Aliaga murió por asfixia, aún se desconocen detalles del estudio, como el día del fallecimiento, dato clave para confirmar qué pasó con la víctima.
Tanto Alcaraz con Vega sostienen la competencia federal, esto basado en que el primero de estos aún no termina de reproducir todas las pruebas necesarias para determinar fehacientemente qué fue lo que ocurrió con el despachante de aduana.
Y en el marco de la investigación, la competencia puede ser clave. Es que dentro del fuero federal existe la figura del "arrepentido", posición que tomó uno de los cinco imputados, Yamil Rosales, quien "ayudó" con la pesquisa e indicó el lugar donde estaba el cuerpo de la víctima.
En cambio, en el fuero provincial no existe dicha figura, por lo que todo lo declarado por este acusado podría caerse en caso de que el expediente caiga en manos de un fiscal provincial.
También están detenidos su mujer, Bibiana Sacolle y los dos hijos de esta, Gastón y Lucas Curi. A estos se les suma Rosales, quien fue el quinto detenido y clave en el hallazgo de los restos.
Todos están acusados por un secuestro extorsivo seguido de muerte, figura que prevé como única pena la prisión perpetua pero que podría cambiar en caso de que el expediente vuele al fuero provincial -allí sería un homicidio-.