La constitucionalidad de ordenanzas municipales de distintos departamentos que prohíben el fracking en sus territorios podría ser resuelta en un fallo plenario (con el voto de sus siete miembros) por la Suprema Corte de Mendoza, si es que el máximo tribunal hace lugar al pedido del Fiscal de Estado, Fernando Simón, quien solicitó "unificar" criterios y dictar una sentencia definitiva sobre la regulación de la política hidrocarburífera en la provincia.
En un planteo que le hizo llegar a la Sala II de la Corte, el funcionario resalta que tanto en esa sala como en la Primera, se tramitan acciones declarativas sobre la misma temática, lo cual podría producir fallos contradictorios de una misma normativa, generando falta de seguridad jurídica.
Asimismo, justifica su pedido en base a la "trascendencia institucional y el interés público que la materia traída a resolución reviste". Para ello, propone que los jueces supremos respondan el siguiente interrogante:
¿Resulta compatible con las potestades atribuidas por nuestro régimen constitucional a Nación y Provincia, el establecimiento por parte de un Municipio de una prohibición absoluta al desarrollo de una técnica de exploración y/o explotación hidrocarburífera autorizada por la legislación nacional y provincial de aplicación?
El Fiscal De Estado, Fernando Simón, pidió un sólo fallo que siente jurisprudencia (Foto: Yemel Fil)
Cuando el Fiscal emitió opinión luego de que en su momento el Gobierno provincial, por entonces a cargo de Alfredo Cornejo, presentara las acciones de inconstitucionalidad, consideró que las ordenanzas municipales que regulan la actividad son contradictorias a lo establecido por la legislación nacional y provincial vigentes en la materia.
Sin embargo, pidió que la Justicia se expida al respecto. Ahora, reforzó la solicitud al requerir un dictamen en plenario, que siente jurisprudencia y, de algún modo, "proporcione a los justiciables de un conveniente servicio de justicia para afianzar la seguridad jurídica, de forma tal que el sentido de una norma jurídica no pueda expresarse en dispares consecuencias", según indica en su escrito.
Ahora resta conocer la respuesta, en principio del titular de la Sala II -Omar Palermo-, quien de aceptar el planteo deberá elevarlo al presidente de la Corte, Dalmiro Garay, a fin de convocar al tribunal plenario.
El planteo del Fiscal de Estado a la Corte
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