La justicia civil condenó al Estado provincial a pagarle casi un millón de pesos a un joven que cuando tenía 19 años fue brutalmente atropellado por la policía durante una persecución en San Martín.
23 de julio de 2026
La justicia civil condenó al Estado provincial a pagarle casi un millón de pesos a un joven que cuando tenía 19 años fue brutalmente atropellado por la policía durante una persecución en San Martín.
La jueza María Violeta Derimais entendió que el accionar de los efectivos fue excesivo y que la actitud tomada por el joven, quien había sido sorprendido con un arma de fuego, no demandaba semejante violencia por parte de los policías.
Así firmó una indemnización de $739.749, cuyo monto podría superar el millón de pesos teniendo en cuenta los intereses ocasionados desde el día del hecho a la fecha de la sentencia.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 22 de julio del 2017, cuando Franco Matías Burgoa, quien por ese entonces tenía 19 años, se encontraba sentado en la vereda de calle Pueyrredón al 1500, en San Martín.
El joven tenía en su poder un arma de fuego y vecinos lo denunciaron también por estar consumiendo estupefacientes.
Lo cierto es que dos policías llegaron al lugar e intentaron detener al joven, quien tiró el arma al piso y escapó corriendo.
A raíz de esto, se originó una persecución por distintas calles, que luego terminó en el Callejón comunero Cardenal Zamore, donde el móvil embistió de atrás al joven, aprisionándolo contra un poste de luz.
Como consecuencia del choque, Burgoa sufrió fracturas varias, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital Perrupato, donde fue operado. Por las lesiones padecidas, el joven recibió una incapacidad laboral de unos 60 días.
La víctima inició acciones contra el Estado y la jueza interviniente le dio la razón. La magistrada afirmó en sus fundamentos que la provincia debe responder por los daños causados debido a que "no se ha demostrado que la actitud del actor haya contribuido causalmente en la producción del evento".
Además afirmó: "Si la actividad desarrollada por el agente policial en relación de dependencia con la Provincia de Mendoza, aún cuando se la considerara inspirada en propósitos de interés colectivo, es causa de un perjuicio para un detenido provocándole daños, estos deben ser resarcidos, inclusive en el campo de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito".
Ante esto, el joven que ahora tiene 22 años será indemnizado en concepto de daños y perjuicios.
Mirá el fallo completo:
