En julio de 2018, el gobierno de Alfredo Cornejo anunció que a partir de 2020 comenzaría a exigirse la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza, pero la escasa habilitación de talleres para realizar el chequeo y el posterior arribo de la pandemia de coronavirus, postergó la decisión por lo menos hasta 2021. Este martes, el Senado dio media sanción a un proyecto que modifica la norma que otorgó la obligatoriedad del certificado, para que Mendoza adhiera parcialmente a la Ley Nacional de Tránsito.
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Aval del Senado para postergar la Revisión Técnica Obligatoria
La iniciativa, que fue enviada a la Legislatura por el Ejecutivo, fue aprobada con el acompañamiento de casi la totalidad de los senadores (sólo dos se opusieron) y pasó a Diputados en revisión.
El proyecto también establece que, una vez que entre en vigencia, los talleres contarán con noventa días para presentar la solicitud de habilitación del servicio. Transcurrido este plazo, el Registro Provincial de Centros de Revisión Técnica Obligatoria -dependiente de la Dirección de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial- permanecerá abierto para la habilitación de nuevos centros en los departamentos en los cuales no hubiese centros habilitados.
En cuanto a las localidades en las cuales no se hubiesen instalado Centros de Revisión Técnica, y el más cercano se encontrara a una distancia de más de 80 kilómetros, se podrá implementar un sistema de revisiones móviles.
"Esta ley fundamental está orientada a la verificación técnica de los vehículos no solamente a nivel provincial, sino que también nacional e internacional", remarcó durante el tratamiento Marcelo Rubio (UCR), presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Por su parte, Lucas Ilardo recalcó que "desde el peronismo hicimos dos planteos: que no se podía dar un nuevo gasto a los mendocinos en medio de esta pandemia, por lo que solicitamos que sea a partir del mes de marzo del 2021; y respecto a la instalación de los talleres donde se va a hacer la verificación".
"Las revisiones técnicas en vehículos de uso particular estarán sometidas a la competencia de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, pudiendo ésta ejercer la prestación del servicio y su control y fiscalización en forma directa o indirecta, a partir de otorgar permisos, habilitaciones, concesiones y/o de suscribir convenios con instituciones públicas, sean o no estatales", reza un fragmento de la propuesta.
Los servicios de transporte de pasajeros y de carga de jurisdicción provincial serán sometidos a la revisión técnica que disponga la Dirección de Transporte en los plazos y formas que establezca la reglamentación.