El próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia (cargo vacante luego de la renuncia de Jorge Nanclares) tendrá mayor presupuesto, debido a que la Legislatura sancionó una ley para que los depósitos judiciales puedan devengar intereses y, así, disponer de la renta que surja de esas operaciones.
La propuesta fue impulsada por el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, Marcelo Rubio (UCR), y fue aprobada en segunda revisión en esa Cámara, por 22 votos a favor y 15 en contra.
Sesión semi presencial. Foto: Prensa Senado.
"Lo que se quiere hacer acá con estos depósitos que se encuentran parados y no tienen rentabilidad, vemos que se está perdiendo la posibilidad de avanzar en mejorar la Justicia", sostuvo Rubio en el debate.
El peronismo criticó las modificaciones que se hicieron en la norma durante el tratamiento en Diputados, y votó en contra de la iniciativa. "Cuando hay una sentencia o un reclamo, siempre es con la tasa activa y sin embargo el banco paga una tasa pasiva. Estaríamos en un prejuicio en contra del deudor o del acreedor. Nos podríamos encontrar con litigios en contra del Estado Provincial, es una de las cosas que no quedo clara en la reunión de Comisión", sostuvo el legislador Alejandro Abraham (Frente de Todos).
Por su parte, el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, manifestó que "se trata de fondos que están en cuentas bancarias inmovilizados. El único que gana es el banco, ni los litigantes del proceso judicial donde se generaron esos depósitos y tampoco el Poder Judicial, lo que se pretende con esto es eso".
"Este proyecto supo tener buenas intenciones, por eso se aprobó con mayoría en nuestra Cámara. Creemos que es un error en el que caímos todos los senadores nosotros no tenemos otra opción que aprobar el proyecto que aprobamos acá o el que tiene modificaciones de la Cámara de Diputados. Perjudica al Gobernador de la Provincia". expuso el titular de bloque justicialista, Lucas Ilardo.
La ley busca que se modifique el Art. 51 de la Ley Nº 8.706, para que cuando finalice cada ejercicio económico-financiero, los depósitos existentes que no tengan un destino especial sean afectados al Poder Judicial. En caso de que un o una magistrada solicite fundadamente el reintegro de los fondos, la Suprema Corte de Justicia deberá realizarlo en el plazo de treinta días desde la fecha de notificación.
Asimismo, establece que los recursos afectados por esta ley serán destinados en un 85% a la innovación tecnológica y a infraestructura edilicia de la Suprema Corte de Justicia, el 10% para fortalecer el sistema de ADN que administra la Procuración de la Provincia y para programas específicos de reinserción de liberados del sistema penitenciario y el 5% restante para el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, debiendo destinarse en forma equitativa entre las cuatro Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Mendoza.
