Luego de que el presidente Alberto Fernández delegara en los intendentes la facultad de controlar los precios en los comercios de barrio para evitar incrementos desmesurados, desde el Gobierno provincial se pusieron en contacto con los jefes comunales para elaborar un protocolo de actuación que determinó que los municipios se encargarán de labrar las infracciones y la Provincia será la encargada de aplicar las sanciones.
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Control de precios: los municipios harán las inspecciones y la Provincia aplicará las sanciones
El decreto que otorga a los intendentes el poder de "policía" para controlar y fiscalizar los precios al público en los comercios se publicó el jueves en el Boletín Oficial y durante el fin de semana la Dirección de Fiscalización y Control de la provincia se contactó con las distintas áreas de fiscalización departamentales para coordinar la aplicación de estas nuevas facultades.
En esas conversaciones, los funcionarios definieron un protocolo de actuación en el cual se determinó que los inspectores de los municipios se encargarán de controlar y labrar las actas de infracciones en los comercios que estén en falta y que la Provincia aplicará las sanciones correspondientes.
"Hemos establecido un protocolo general donde se establece la comunicación entre los municipios y el órgano provincial y cómo se van a tramitar las denuncias y las infracciones", manifestó en diálogo con Sitio Andino el director de Fiscalización y Control, José Cortez.
Explicó que acordaron que "lo más conveniente es respetar las autonomías municipales en un sentido amplio y que cada municipio pueda realizar los operativos", a la vez que resaltó que "la intervención de Fiscalización y Control sería solo en el caso de que haya que infraccionar y lo que hacemos es delegar la gestión de la inspección en los municipios".
El funcionario indicó que en los próximos días se publicará un decreto del gobernador Rodolfo Suarez que habilitará esta delegación de facultades y que detallará cómo se realizará la tarea.
Desde el Gobierno provincial destacan que los intendentes no deberán enviar las actuaciones a la Nación sino que lo harán a la Dirección de Fiscalización y Control que inmediatamente activará el proceso sancionatorio a los comercios que no respeten la normativa respecto de los precios.
Respecto de las sanciones que se aplicarán, Cortez remarcó que dependerán de la envergadura de los comercios. "Tenemos establecido un rango que tiene en cuenta la superficie, si es un supermercado de cadena o un mercado, cuantos productos están involucrados en la infracción", expresó.
Afirmó que la multa por una infracción de incremento de precios para un comercio chico ronda los $20.000. Si se trata de un mercado de mayor envergadura, la sanción es el doble del valor anterior y si es un supermercado puede rondar los $100.000.
Lo último a tener en cuenta es que los precios de referencia que utilizarán los inspectores municipales son los que ha denunciado cada comercio al 6 de marzo de 2020 en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios de la Argentina (SEPPA) y es obligación de los locales tener esa lista en exhibición.