El INV ya suspendió y empezó a revisar más de 220 contratos que la gestión anterior del organismo había prorrogado hasta el 31 de diciembre próximo. Por lo pronto, el cese de algunos vínculos se retrotrae al 29 de febrero, en tanto que el resto tienen vigencia hasta el 31 de marzo próximo.
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El presidente del INV revisa más de 200 contratos que su antecesor extendió hasta fin de año
Antes de irse, el ahora ex presidente Carlos Tizio había firmado, con fecha 4 de febrero, una extensión desde el 1 de enero por todo el 2020. Su sucesor, Martín Hinojosa, ordenó someter a revisión a la totalidad de ellos, que representan alrededor del 40% de la planta de empleados del INV, para lo cual se impuso un plazo de seis meses.
Pero la decisión va un poco más allá. "Se está trabajando en una revisión de contratos de los tres últimos años. Y de designaciones en planta permanente que se realizaron durante los últimos dos, a través de concursos", fue la explicación a Sitio Andino, aunque Hinojosa también anticipa, sin precisarlo, que habrá un "cambio de régimen" hasta tener los resultados de la auditoría.
Algunos números
El análisis comprende desde la administración hasta el departamento de Fiscalización del Instituto.De sus casi 564 empleados en todo el país (entre su sede central en Mendoza, que concentra un 60% del total, y 18 delegaciones y sub-delegaciones), actualmente unos 290 integran la planta permanente, mientras el resto son contratos de locación, según informaron en el ente fiscalizador.
A ese nivel, el Instituto se maneja con al menos 3 modalidades: a través de la Fundación ArgenINTA (figuran 3 personas), una figura habitual de tercerización para el empleo en el sector público; el decreto 1109 (otros 7 vínculos); y el llamado artículo 9 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (nº 25164), que concentra a la mayoría.
Si bien quienes evalúan no precisaron cuál sería el alcance del recorte a nivel presupuestario, el intrincado escalafón de salarios por el que se rige el Instituto permite tener una noción. Entre las distintas categorías (de A a C) los sueldos, al margen de lo que perciben funcionarios de alto rango, oscilan de los $43 mil a los $23 mil sin contar adicionales que pueden llegar a duplicar esos montos (en los mejores casos van de $42 mil a $47 mil).
Otro dato que seguramente el Gobierno nacional tiene en la mira: el presupuesto del INV fue de $566,7 millones en 2019, dentro del cual un 80% lo aportó el Tesoro nacional sólo para gastos de personal. Pero además, de los $121 millones financiados con recursos propios, $48,6 millones también fueron a salarios, lo que significa que insumen en total más del 90% de la pauta anual.
Argumentos
Tizio, quien presidió el Instituto entre enero de 2016 y febrero del 2020, había firmado 7 resoluciones, la 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de este año (todas fechadas el 4 de febrero), con el visto bueno a la continuidad de los vínculos contractuales. Son los alcanzados ahora por el decreto 36/19 firmado por el presidente Fernández, que obliga al organismo nacional a poner la lupa sobre ellos.
Un argumento expuesto para hacerlo es su "legalidad y pertinencia" según el artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y el decreto 1.109/17. Y concretamente se habla de "merituar las necesidades de servicio para su contratación".
En su descargo, Tizio señaló a Sitio Andino que "yo no nombré a nadie, sólo dos asesores ad-honorem. Hay gente del 2002, 2011 y 2015 los más nuevos, de la gestión anterior, que venían trabajando en informática, control de calidad y otras áreas, buena gente. Qué pasó? Había que renovarlos, sino no cobraban. Normalmente es una cuestión humanitaria, teniendo en cuenta que tienen que vivir y tampoco se sabía cuándo asumiría mi sucesor".
De acuerdo al ex responsable del INV, durante su gestión los concursos internos involucraron a 101 personas que "llevaban más de diez años contratados y son profesionales de valor. Consideré que no podían seguir así, que correspondía darle sostenibilidad".