Este viernes será un día de inflexión para Mendoza. En la Legislatura, ambas cámaras debatirán el mismo día en sesiones especiales la modificación de la ley 7722 para habilitar la actividad minera en la provincia. El proyecto tiene el consenso del oficialismo y de la mayoría de la oposición.
Desde las 7 de la mañana y durante todo el día, se escribirá en Mendoza una importante página de su historia. El debate por la ampliación de la matriz productiva de la mano de la minería no es nuevo, pero arrancó una página en medio de la campaña para la gobernación cuando los dos principales opositores, Rodolfo Suarez (Cambia Mendoza) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) se mostraron a favor de habilitar la actividad. Entre ambos, sumaron más del 80% de los votos de los mendocinos.
Uno de los primeros acercamientos a la minería fue la aprobación del proyecto de Hierro Indio que se votó en noviembre de este año. Se trató de la primera sanción a una ley que habilitaba la minería desde que se aprobó la ley 7722 en 2007. El proyecto para la exploración -no la explotación- de esta mina de hierro se realizó, de hecho, en el marco de la ley 7722.
En ese punto comenzó un camino en el que se vio la posibilidad primero de reflotar proyectos propios del peronismo para modificar la llamada ley antiminera, cuando todavía era gobernador Alfredo Cornejo. Sin embargo, los mismos justicialistas se opusieron a que se votaran sus inciativas y pidieron que fuera el Ejecutivo, una vez con Suarez a la cabeza, quien enviara un proyecto propio a la Legislatura.
El gobernador, dispuesto a pagar el costo político que puede tener cambiar una ley sensible para una parte de la sociedad, envió su propio proyecto el día después de haber asumido en su cargo es decir, el 10 de diciembre. Antes, le había hecho llegar a la oposición un borrador de la iniciativa. La idea del mandatario siempre fue, pese a tener la cantidad suficiente de legisladores oficialistas para aprobar sólo con ellos la ley, lograr el mayor consenso posible.
Una vez con el proyecto ingresado a la casa de las leyes, comenzó el proceso legislativo propio. La Cámara de Senadores le dio estado parlamentario y se inició un debate en comisiones conjuntas entre senado y diputados, como se estila con otras leyes vitales para la provincia como el Presupuesto.
Así se dio inicio a un tratamiento en plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Hicrocarburos, Minería y Energía; y Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales, en donde se reunieron diputados y senadores de todos los colores políticos para estudiar en conjunto el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Hubo en la semana momentos de tensión, mientras se transitaban las jornadas de análisis del proyecto. El martes los asambleístas que se manifestaban en contra de los cambios a la ley dejaron encerrados a todos dentro de la Legislatura. Trabajadores y periodistas estuvieron tres horas sin poder salir, mientras que los legisladores estuvieron casi seis horas hasta que fueron escoltados por la infantería para poder salir.
Para evitar que esta situación se repita, o que ocurra alguna similar, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo de seguridad especial en el que dividirá a los manifestantes que estarán a favor de la modificación de los que están en contra.
En el arranque del trabajo en comisiones, el peronismo dijo que sólo votaría la ley si se incluían puntos que consideraban fundamentales como que se realizara minería sólo donde hubiera licencia social, que se garantizaran los controles ambientales y que se diera prioridad al "compre mendocino", a las empresas locales.
Esos puntos fueron recibidos por el oficialismo y se trabajó en un despacho que los incluyera que, finalmente, fue acordado este jueves para ser tratado en una sesión especial este viernes en donde se debatirá primero en senadores por la mañana y luego, por la tarde, en diputados, con la confianza suficiente de tener los votos necesarios del oficialismo y de la mayoría opositora para que la ley sea aprobada.
¿Qué cambia?
El proyecto de modificación de la ley 7722 habilita la utilización de cianuro y ácido sulfúrico, sustancias que actualmente están prohibidas. No obstante, conserva la prohibición del uso de mercurio en la provincia "en todas sus formas".
También propone que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) ya no deban pasar por la Legislatura para ser aprobadas, sino que la DIA deberá contener los informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios.
Otro de los puntos es que se respetarán las limitaciones establecidas por la el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (Ley 8.999) y la Ley Nacional Nº 26.639 de Preservación de Glaciares.
A su vez, determina que la evaluación y control ambiental de la actividad minera en la provincia estará a cargo de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y crea dentro de este ámbito a la "Policía Ambiental de Actividades Extractivas", debiendo afectarse al funcionamiento de la misma, los fondos provenientes de las Tasas de Fiscalización y Control Ambiental.
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