La Justicia civil condenó al Estado provincial a que indemnice con más de un millón de pesos a la ex pareja de un policía que mató a balazos a la madre de la denunciante y a su sobrino, en una casa de El Bermejo, en setiembre del 2014.
La Justicia civil condenó al Estado provincial a que indemnice con más de un millón de pesos a la ex pareja de un policía que mató a balazos a la madre de la denunciante y a su sobrino, en una casa de El Bermejo, en setiembre del 2014.
La jueza Silvana Márquez Morosini, del Tercer Tribunal de Gestión Asociada, entendió que el Estado es responsable en la muerte de esas dos personas, debido a que el doble crimen se cometió con un arma provista, justamente por el Estado, y que previo al hecho no se tomaron las medidas de prevención necesarias, aun existiendo denuncias sobre amenazas y maltrato.
Benjamín Monje (8), una de las víctimas del doble crimen.
El caso en cuestión es el doble crimen de Gabriela Beatriz Fernandez (44) y el pequeño Benjamín Monje (8), ocurrido el 21 de setiembre del 2014 y por cuya causa, el efectivo José Miguel Ontiveros Arancibia (37) fue condenado a prisión perpetua en marzo del 2016.
En la causa penal se estableció que Ontiveros atacó a su suegra y al sobrino de su pareja, al ver que su mujer tenía una relación con otro hombre. Incluso, tras cometer los crímenes, le llamó a ella y le dijo "maté a tu mamá y sobrino".
Tras esto, la mujer inició acciones legales contra el Estado, al entender que la provincia debía responder por el doble crimen, que fue cometido con un arma reglamentaria, es decir, provista por la propia Policía de Mendoza.
La jueza, luego de realizar las actuaciones de rigor, estableció que el sistema de prevención "había fracasado" y agregó que "los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niños pueden ser víctimas de violencia".
En base a esto, detalló que la provincia incumplió con leyes de prevención, debido a que Ontiveros ya tenía denuncias por maltrato y amenazas desde meses antes de los asesinatos. Y que aún así, el efectivo seguía portando un arma de fuego provista por el Estado.
Así las cosas, la ex mujer del uniformado recibirá una indemnización de poco más de un millón de pesos, monto al que se le deberá sumar todos los intereses ocasionados desde el 2014 hasta la fecha de hacerse efectivo el pago.
Mirá el fallo completo:
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