El gobernador, Alfredo Cornejo, envió un proyecto de ley a la Legislatura para que los juicios contra el Estado se resuelvan de una forma más rápida y que, de esta manera, la provincia pueda ahorrar en pago de intereses y honorarios.
A poco menos de un mes de dejar Casa de Gobierno, Cornejo no baja los brazos en su objetivo de dejar un Estado más eficiente. Por eso, este martes envió al Senado un proyecto para aplicar un "procedimiento de conciliación para reducir tiempos y costos administrativos en causas judiciales o prejudiciales en las que el Estado provincial o los organismos descentralizados o autárquicos sean parte".
La idea es que las demandas que se realicen contra el Estado se resuelvan de una forma más ágil, con la posibilidad de llegar a acuerdos entre las partes sin necesidad de llegar a juicio. Hoy los procedimientos legales en las demandas que se realizan contra el Estado se basan en la Ley 728, que prevé la participación de la Fiscalía de Estado
El proyecto incluye las demandas que se realicen contra la Administración Central, los entes descentralizados y los autárquicos y se invitará a los municipios a adherir.
El fiscal de Estado, Fernando Simón, explicó a Sitio Andino que hoy hay más de 2000 demandas por daños y perjuicios contra el Estado provincial y los municipios. Se trata de demandas que abarcan desde una mala praxis médica hasta un árbol que se cae sobre un auto.
"El objetivo de esta ley es lograr algo que en sector privado es habitual. Uno trae una demanda y se puede llegar a un acuerdo rápidamente. La idea es que el Estado pueda hacer una oferta económica para evitar honorarios, intereses, y reparar", comentó Simón.
Explicó que en promedio esos juicios demoran entre dos y tres años en resolverse y que, si es el Estado el que los pierde, debe por supuesto hacerse cargo de los intereses y los honorarios. "Queremos tratar de bajar los costos, es una herramienta que permita hacer una oferta económica al inicio del juicio o desde antes", agregó y se mostró confiado en que la iniciativa tendrá acompañamiento favorable en la Legislatura.
Fernando Simón, fiscal de Estado, dijo que con esta ley la provincia podrá ahorrar tiempo y dinero.
El proyecto es complementario al proceso de reforma de la legislación procesal civil y comercial concretado en la Ley 9001. Es por eso que la iniciativa busca mejorar el servicio público de justicia mediante la implementación de medidas que reduzcan sustancialmente el tiempo de resolución de las controversias judiciales.
El procedimiento
Simón explicó cómo sería el procedimiento para agilizar las causas contra el Estado: "Frente a una demanda, el demandado directo, por ejemplo el IPV, debe informar si le parece conveniente llegar a un acuerdo con el demandante. En ese caso, ese informe deberá pasar a Fiscalía de Estado y a Asesoría de Gobierno quienes dirán si están de acuerdo o no con lo propuesto por la entidad demandada".
Ese primer informe deberá realizarse en un plazo de cinco días. Si las tres partes están de acuerdo en que no es necesario llegar a juicio, una Comisión Valuadora, creada justamente para resolver estos casos, propondrá el monto de resarcimiento lo cual debe determinar en un lapso máximo de 10 días.
En caso de aceptar el ofrecimiento se firmará un acuerdo homologado judicialmente por la Fiscalía de Estado o el órgano competente. El procedimiento transaccional regirá para todos los procesos que estén en trámite o que se inicien luego de la entrada en vigencia de esta ley.
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