Asesinato matrimonio Scalia: eligen jurado para el segundo juicio popular en San Rafael

En el barrio El Nihuil eran los panaderos, los buenos vecinos que no tenían enemigos. Pero la convicción de la Fiscal Andrea Rossi, que agotó todas las instancias investigativas posibles en la instrucción, es que los homicidios se producen porque las víctimas identificaron a por lo menos uno de los que fueron a robarles, y la sucesión de golpes llevó todo a un trágico y cruel final.

Convencer al jurado popular que deberá determinar el veredicto de culpables o inocentes, no será fácil. Y lo saben desde el Ministerio Público Fiscal. Porque deberán acudir a pruebas indiciarias.

Claro que, hay que decirlo, es evidente que los fiscales han estar mejor preparados para este tipo de juicios, ya que en diversos cursos dispuestos por el jefe de ellos, el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, parecen haber sabido asimilar más rápidamente que los defensores privados, los mecanismos de la flamante modalidad.

Gullé, quien dispone periódicamente visitas al sur mendocino para ver in situ el desempeño y necesidades de sus funcionarios, supo llevar hasta personalmente a los fiscales a capacitaciones fuera de la provincia. Los envió a Neuquén, a Buenos Aires; y hasta se vendrían próximos viajes a Estados Unidos, cuna empírica por excelencia de este tipo de juicios. Lo propio ocurre desde la Corte para con los magistrados que han sabido tomar la nueva experiencia con un compromiso evidente.

Y los frutos de las exigencias y facilidades dispuestas para los fiscales por parte de Gullé, se ven en las audiencias que vienen marcando un accionar sólido, más acabado y comprensible en los desempeños de los acusadores, al menos en los pocos juicios por jurado realizados hasta ahora en la provincia.

Lo que se evidencia, por ejemplo, en que supieron desarrollar en forma más accesible sus alegatos iniciales y finales. Desde la presentación de sus respectivas teorías del caso, se nota que el Ministerio Público tuvo la ventaja de la especialización, frente a abogados que vienen menos preparados para afrontar a 12 ciudadanos comunes y poder explicarles en un lenguaje no tan jurídico, como el que están acostumbrados a usar ante tribunales técnicos, para exponer sus argumentos.

Y esto se puede verificar fácilmente porque el Poder Judicial ha alcanzado un grado de apertura y un nivel de transparencia para este tipo de juicios, inimaginable un lustro atrás.

Ahora, la oficina de Prensa a cargo del abogado Martín Ahumada, junto a un grupo de técnicos en cámaras y sonido, permiten que no sólo quienes asisten a los debates, sino incluso los que desde donde estén, vía internet, puedan alcanzar una idea fundada acerca de los hechos juzgados y la culpabilidad o no de los enjuiciados.

Todos los medios de comunicación, y las redes sociales, acceden a un link dispuesto para cada causa, que permite ver en vivo y en directo, incluso repasar, las audiencias de este tipo de juicios. Y eso abona al mandato constitucional de la publicidad de los actos de gobierno, en este caso, en la parte correspondiente a los funcionarios del Poder Judicial.

Para el caso del segundo juicio por jurado de San Rafael, se definirán hoy los primeros ciudadanos sorteados para conformarlo. El juez Ariel Hernández dirigirá ese acto secreto (excepto para las partes), que se demoró porque hubo que realizar durante varias semanas, un total de 8 audiencias a fin de que las partes acordaran las pruebas que se presentarán ante el Jurado.

Será la primera vez que se vea en el sur provincial, la actuación de defensores oficiales en esta modalidad de debates. Ya que si bien hay abogados privados representantes de la querella y de algunos acusados; también le ha tocado al Ministerio Público de la Defensa actuar en nombre de dos de los 4 imputados.

Estos son: Cristian Pajón, quien se crió frente a la casa de las víctimas. Ricardo Daniel Peñalvé Ruiz, quien trabajó en la panadería de los Scalia y era amigo de sus hijos. Fernando Ariel Olivarez y Carlos Ezequiel Ávila.