El empresario industrial sanrafaelino José María Casado fue condenado a 3 años y medio de cárcel por simular una insolvencia económica a fin de no pagar la cuota alimentaria comprometida con su ex pareja, Viviana Ester Perdiguéz, en concepto de deber de asistencia familiar, por un total de suma de $295.094, más las actualizaciones, conforme lo habían convenido en noviembre de 2013.
En virtud de ese acuerdo, Casado debía abonar la suma mensual, continua e ininterrumpida de $15.000 en concepto de cuota alimentaria.
El delito se configuró porque una vez terminado el proceso de divorcio y división de bienes, "se dedicó a transferir los sus bienes en sociedades cuyos titulares son terceros, pero que Casado aún continúa dirigiendo y siempre se llevó las ganancias", señalaba la acusación.
Así fue como todos estos años, Casado ha querido demostrar que no posee bienes para no cumplir con lo acordado respecto a la cuota alimentaria a favor de la actora.
Incumplió el pago de esa cuota, salvo dos meses, y se presentó como insolvente aparente, porque durante este tiempo adquirió y poseyó bienes que colocó a nombre de terceras personas, "frustrando maliciosamente que Perdiguéz pudiera hacer efectivo el cobro de su acreencia por cuota alimentaria".
Ese delito está tipificado en el Código Penal, y se llama insolvencia alimentaria fraudulenta.
Durante el juicio, Casado fue preguntado si destruyó bienes del patrimonio para insolventarse, o si los inutilizó, dañó, ocultó o los hizo desaparecer. Y a todo eso, respondió que no.
Sin embargo, la fiscal Paula Arana pudo probar el ahora condenado, tuvo una actitud cargada de malicia ya que mientras su ex esposa se hizo cargo del hijo de ambos, a pesar de sufrir complicadas dolencias cardíacas, Casado llevó adelante todo de tipo maniobras con la finalidad incumplir las obligaciones alimentarias asumidas.
Si bien la sesión acciones que llevó a cabo de la firma La Payunia SRL a favor de empleadas de la empresa, lo hizo con acuerdo de Perdiguéz, la fiscal adujo que fue maquinada justamente para "posteriormente frustrar el cobro de la cuota alimentaria.
En efecto, al momento de prestar declaración los empleados Eva López y Envagelista Vergara, dijeron que aceptaron el pedido de su patrón de cederles las acciones de La Payunia, pero que en el caso de López alcanzó un nivel de descaro tal que el empleado firmó sin saber a ciencia cierta los documentos que rubricaba ya que "no sé leer ni escribir", dijo, pero que lo hizo porque se lo pidió el jefe.
Varios testimonios en el juicio, además de los prestados por López y Vergara, entre ellos los de Losada, Martínez y Montilla, proveedores de La Payunia, probaron que el "real propietario" siguió siendo Casado.
Quedó demostrado que esa sociedad realizó varias ventas por las que recibió la correspondiente prestación dineraria de esas mismas personas citadas a atestiguar, y de otros varios sujetos que aparecieron en diferentes documentos agregados como pruebas en la causa.
No sólo eso, sino que también quedó en evidencia que el enjuiciado llevó durante todos estos años una vida de lujos: viajes a Cuba, a Chile, a Europa, tarjetas de crédito con montos importantes, usadas por él; adquisición de camionetas Amarox, Hilux y hasta motos BMW, una de las cuales fue secuestrada por los magistrados cuando lo vieron llegar conduciéndola ostentosamente en la primera audiencia del juicio.
La acusación mostró en el debate los pasajes aéreos a Madrid adquiridos en enero de 2015, que se los hizo pagar a través de La Payunia que supuestamente sólo gerenciaba, y que se hizo cargo de un gasto de $38.068. También se reveló adquisición de un reloj en una Joyería sanrafaelina, que hizo pasar como gasto de la firma bajo el concepto de "regalo empresarial".
Pero lo más llamativo fue que la adquisición de los citados vehículos de alta gama, la concretó con el ardid de dejarlos a nombre de la concesionaria, evitando que la transferencia de la propiedad pudiera permitirle cobrarse la deuda alimentaria a su víctima.
También se encargó de vaciar sus cuentas bancarias. Y al hacerse pasar como empleado de La Payunia, usaba "la farsa de hacer figurar supuestos honorarios como administrador, por 45 mil pesos", señaló la fiscal.
No conforme con ello, la defensa técnica de Casado, ofreció como prueba en el juicio "una causa tramitada en el juzgado de procesos concursales, adelantándose quizás a poder justificar alguna imposibilidad de pago" en las deudas que se le reclamaba en el juicio penal.
El punto es que esa presentación concursal tuvo como prolegómeno otro tipo de maniobras contables, a cargo del profesional Omar Pasquier, quien no pudo convencer a los magistrados acerca de por qué su cliente no pagaba ganancias, y sólo aparecía como monotributista.
El documento que amplió el abanico de complicaciones judiciales a futuro de Casado, fue el acta que presentó su propio abogado defensor, Rodolfo Geuna, en la que consta una "supuesta reunión de socios de La Payunia, celebrado para fecha 22 de abril de 2019, donde se le otorgaba un poder especial para que en nombre de esa firma, solicitara la presentación en concurso preventivo", siendo que los acciones, a esta altura entendidos como testaferros, dijeron en el debate "jamás participé de una reunión".
"Con poca instrucción, fueron utilizados (los desconocedores accionistas) para toda esta maniobra y para todo"; dijo indignada en su alegato, la fiscal Arana.
Y en ese todo, incluyó el haber "provocado un error en la jueza concursal de San Rafael, a través de esa documentación y la maquinación fraudulenta perpetrada, donde se le quiso hacer ver una realidad distinta a la verdadera, pretendiendo provocar una resolución favorable" de esa magistrada.
Ello llevó a la fiscal a pedir que se extrajera compulsa penal contra Casado, el abogado Geuna y el contador, por esa "maquinación fraudulenta".
Y, en efecto, el tribunal, además de la condena ya referida, solicitaron la apertura de otra causa penal contra el enjuiciado y también contra los profesionales Geuna y Pasquier que lo asesoraron por supuesta "estafa procesal y falsedad ideológica".