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¿Martearena en contra del pueblo?

Hay una gravedad institucional rondando en la decisión del Juez Eduardo Matearena de no aceptar la pena a prisión perpetua que le cabe a los condenados en el caso de la Valija Fúnebre. Es que por un lado es la sanción ordenada por el art. 80 del Código Penal, y por otro, son justamente para los acusados de los delitos tipificados en esa norma los juicios por jurados populares en Mendoza.

De manera que pareciera existir, cuanto menos, una especie de deshonestidad intelectual de parte de este magistrado para dirigir un proceso donde una de las dos opciones es que se condene a los acusados, y ese veredicto tiene como exclusiva sanción la perpetuidad carcelaria, que es a lo que él desde siempre se opone.

Si bien el juez está en su derecho de mantener su línea argumentativa en contra de penalidades de esta naturaleza, según surge de anteriores fallos de Martearena, lo cierto es que este sabía de antemano que en el juicio por jurado en Mendoza, los familiares de las víctimas y la sociedad tenían claro también en forma previa que la norma incluye esa sanción penal.

Una comunidad expresada en sus ideas a través de sus legisladores, le dio fuerza de Ley al mandato de que a quienes cometen este tipo de delitos no les cabe menos que 35 años en la cárcel.

Y mayor fuerza alcanza esta condena cuando es decidida por esa misma sociedad, expresada en el veredicto de un jurado popular.

Incluso la aparente pretensión de superioridad interpretativa que se arroga este magistrado, por encima de la Ley, el jurado, el proceso y el sistema, le permitía hallar caminos alternativos a la exposición provocativa que pareciera exhibir, cuando sabe él que, al final del camino, su posición va a ser nada más que una pausa y prolongación sin sentido de lo inevitable. Dado que ya no quedan tribunales de alzada que se pronuncien en contra de la constitucionalidad de la prisión perpetua.

De forma que un juez no se puede oponer in eternum a la opinión mayoritaria no sólo de la sociedad sino de las instituciones.

Esto lo ha interpretado incluso el abanderado de los jueces que argumentan en contra de las condenas a perpetuidad, como es el juez de Necochea, Mario Alberto Juliano.

Recientemente, tras completarse un juicio por jurado que él dirigió en un caso de homicidio agravado por el vínculo y con violencia de género ocurrido en esa ciudad, en la causa 5787 resuelta en junio del año pasado, el propio Juliano escribió tras el veredicto de culpabilidad de parte del jurado popular y que se correspondía con una prisión perpetua, que no se iba a oponer a la sanción.

Pero, al menos con creatividad y honestidad intelectual, ese magistrado necochense tuvo la decencia de respetar las normas vigentes y halló la alternativa de "compatibilizar" sus fundados reparos a las penas perpetuas, con la "orden de revisar la sanción dentro de 20 años", para ver si "continúa siendo útil, necesario y conveniente mantener al condenado privado de la libertad".

Y así le dio prisión perpetua pero dejó abierta una puerta revisora para el futuro, sin ser óbice ni a las normativas vigentes ni al sistema ni a la opinión popular expresada en el veredicto del jurado y las leyes sancionadas por los representantes del pueblo.

Más acá en el tiempo y más cercano en lo geográfico, otro ejemplo que debió haber imitado Martearena fue el de la jueza neuquina Leticia Lorenzo, quien en julio del año pasado dispuso también prisión perpetua a tres personas acusadas de asesinar a una joven sanrafaelina, tras también un juicio por jurado que dio veredicto de culpabilidad contra los responsables del crimen ocurrido en Rincón de Los Sauces un año antes.

Lorenzo es de los magistrados que no están a favor de este tipo de penalidades tan prolongadas. Sin embargo, con humildad y reconocimiento de roles en el desempeño de la función pública, la jueza escribió que "la facultad de establecer las escalas penales es legislativa. Corresponde a un poder distinto del Estado, y mi deber como jueza es ajustar mis decisiones a esas escalas penales".

Y tras considerar, de la misma forma en que lo hizo Martearena ahora, que hay argumentos en el Estatuto de Roma que fija tope máximos en la imposición de la prisión perpetua, también recordó que ese Estatuto es el que le permite a la Corte revisar las penas y reducirlas "cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua", la jueza decidió tomar el ejemplo de Juliano como un paradigma que evitaba colisionar contra el sistema y las normas vigentes, a diferencia de lo que hizo ayer el juez mendocino.

En efecto, la juez neuquina lo dijo así: "Existe la posibilidad de compatibilizar la imposición de una pena de esta índole (prisión perpetua) con los reparos que merece su naturaleza: ordenar que dentro de 20 años se revise si continúa siendo útil, necesario y conveniente mantener al condenado privado de la libertad".

¿Podrá tomar estos ejemplos Martearena o existirá un afán de protagonismo superior a la institucionalidad vigente en nuestra provincia desde que se decidió darle voz al pueblo en la gestación de los juicios por jurado?

El pueblo, tanto a través de sus representantes en las sedes legislativas como en los jurados que saben que sus eventuales veredictos de culpabilidad conllevan la prisión perpetua al condenado, no deja deja de ser el soberano. Es retrógrado, peligroso y soberbio sentirse superior a él.

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