Fueron Pedro Llorente, presidente de la Sala, Dalmiro Garay y Mario Adaro, quienes fallaron a favor de los ex funcionarios.
Los acusados fueron investigados por la contratación de la empresa Masterful SRL y el Tribunal de Cuentas había dictado, en dos resoluciones, que Casinos había pagado 3 millones de pesos de más por trabajos de limpieza en la sala de juegos.
Concretamente, el estado afirmaba que desde enero a noviembre del 2014, se habían pagado más de 35.000 "horas hombre" que no estaban justificadas.
De esta forma y bajo la resolución Nº16.633, Carlos Bianchinelli, presidente del IPJC, debía pagar $2.064.134; el Director Federico González $1.702.574, el director Miguel Bondino otros $554.893, el Coordinador de Administración y Servicios, Carlos Cordone, $2.743.098, el Contador General Gonzalo Jerez $341.015 y la Contadora Carina Andreoni, $2.059.258.
Cuatro de estos ex funcionarios apelaron la resolución ante la Corte Suprema, que aceptó analizar el caso. Se sumaron pruebas testimoniales, periciales e instrumentales.
Los funcionarios explicaron, a través de sus abogados, que lo abonado a la empresa de limpieza era correcto y presentaron "el control efectuado por el área encargada de ello, que se ocupa de realizar un informe de calidad del servicio, en función del detalle cuantitativo que la prestataria formula en cada factura".
Después de varios meses de análisis, los jueces fallaron y aseguraron que "se advierte la existencia de incongruencia en relación a los criterios normativos de aplicación, dado que no se encuentra acreditada la existencia de daño para la hacienda pública en razón de los pagos efectuados a la empresa prestadora del servicio de limpieza".
Por lo tanto, los jueces ordenaron anular la resolución 16.633 del Tribunal de Cuentas, por lo que los ex funcionarios quedaron eximidos de pagar dicha multa. En tanto que además, ordenó que las costas de proceso quede a cargo del estado.
Este es el fallo completo de la Sala Primera de la Corte: