Avanzan con la reforma a la Ley de Semillas: las consecuencias que sufrirá la agricultura

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró este martes la firma del dictamen de mayoría favorable al proyecto de reforma de la Ley de Semillas. Se trataría en el recinto el miércoles de la próxima semana, 21 de noviembre, en una de las últimas sesiones del año.

¿De qué se trata?¿Cuáles son las reformas?¿A quiénes afecta? Son solo algunos cuestionamientos de un tratamiento que se ha mantenido con bajo perfil en la cámara baja de la nación y casi nula repercusión en la provincias, principalmente aquellas que tienen la actividad agropecuaria como uno de sus motores económicos. 

Diego Montón, representante de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST),  comentó que "se lleva discutiendo desde hace 6 años el proyecto de ley de la mano de una ofensiva coordinada por Monsanto y Syngenta".

Un poco de historia

Lo que se plantea con esta reforma es avanzar en el sentido de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, adoptado en París en 1961 y fue revisado en 1972, 1978 y 1991.

La misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad. 

"Plantea unos estándares siempre para defender los derechos de las empresas, Argentina en un primer momento adhiere pero en 1991, con un proyecto que avanzaba en el patentamiento de las semillas y propiedad intelectual, el país no se sumó", contó Montón.

Pero Monsanto insistió que todos los países deben reconocer la patente de la semilla. "La patente se reconoce a través de un descubrimiento y una creación, por eso, el material biológico siempre estuvo fuera de discusión -que pueda ser patentado-. Pero a partir de un juicio en Estados Unidos, empezó una ofensiva de decir que una semilla genéticamente modificada es una creación. Esto generó todas las acciones de patentamiento, después empiezan con otros criterios donde inscriben semillas y les dan la propiedad intelectual a estas", relató el referente de la UST. 

Además, aclaró que "lo otro que plantean es la prohibición del uso propio que ya estaba en los derechos del agricultor. Por ejemplo, cultivar tomates y guardar después la semilla para una próxima producción. Anular el uso propio y poner en la clandestinidad todas las semillas que no estén registradas. Esto es generar mecanismos de represión ante esa clandestinidad para decomisar semillas con una policía rural como en Colombia o Chile".

En cuanto a Mendoza, Montón indicó que del maíz que se hace, ya hay uno transgénico, del cual el productor no podría usar la semilla para beneficio propio como en la Pampa Húmeda, y esto lo obliga a compra la semilla todos los años, con todo el paquete (fertilizante, agrotóxicos, etc.).

Cómo actúan las empresas

"Las corporaciones utilizan varietales y/o especies del patrimonio regional de las selecciones de muchas generaciones como por ejemplo un chacarero que con el tiempo fue tomando las semillas para elegir la mejor. Las empresas toman estas y hacen sus cruzamientos. Hay una línea de polinización abierta que es más compleja que los hídridos", señaló el ingeniero agrónomo. 

En la actualidad ya existen casos de híbridos del INTA donde empresas compraron esta base genética y lo venden cerrados sin la posibilidad de que el productor pueda utilizar esa variedad sin pagarles en términos, ya que la inscribieron como propia: "Hay ejemplos de convenios de la década de los 90 del INTA La Consulta con Monsanto y Syngenta y a partir del acumulado de Mendoza se generaron cultivares con derechos para las empresas".

Finalmente, comentó que "con esta ley se agravaría muchísimo el uso que hacen algunos productores y quedaría en la ilegalidad. Muchas de las semillas no están registradas ni certificadas, forman parte de la diversidad agrícola y biológica que hay. Es una línea política y quedaría fuera de la ley".

Gustavo Vitale, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Agricultura Familiar que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en diálogo con Radio Andina, ya se había manifestado preocupado ante esta posible modificación porque "el planteo fundamental que se hace desde la agricultura familiar es la libertad de la reproducción, y el rescate, porque se avanza fundamentalmente con bancos de semillas que los tienen organismos públicos como el INTA, los tienen los propios productores a través de sus organizaciones, haciendo ferias de semillas, intercambio, eso está en peligro".

"Desde la agricultura familiar queremos que se legisle como bien público, las semilla son bienes naturales, no deberían ser privatizadas. El sector plantea, en el caso de Mendoza y otras provincias que el debate no sea sólo en Buenos Aires. Se está planteando en asambleas de Soberanía Alimentaria, que se haga federal, que se haga en las provincias. Se envió un pedido al Congreso de una lista para que amplíen la lista de participantes, la necesidad de interesados de debatir es importante", comentó Vitale.

Dictamen a favor

El principal defensor del proyecto durante el debate de este martes, fue el presidente de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti de Cambiemos (quien ya había hablado con Radio Andina 90.1), quien destacó el nivel de "consenso" alcanzado.

"Hemos dado un paso más y en la semana que resta hasta la última sesión del año seguiremos buscando el mayor acuerdo posible, quizás no de consenso total, pero si de administración de un tema complejo", indicó el radical entrerriano.

Por su parte, el diputado kirchnerista Axel Kicillof advirtió que la normativa busca beneficiar a "una multinacional como Monsanto, autorizándola a cobrar una regalía que la ley argentina considera que está prohibida".

"Sería una enorme irresponsabilidad que se presente este proyecto donde el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le pagará a Monsanto", lamentó el ex ministro de Economía.

En tanto, la también integrante del bloque del Frente para la Victoria Fernanda Vallejos sostuvo que "es muy difícil pensar que una ley que tiene nombre y apellido pueda traer algo bueno para la Nación", y defendió el criterio de gratuidad en el uso de semillas que establece el marco normativo vigente.

El proyecto: 

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